Un informe de la ONU califica de 'presos políticos' a los de ETA

Un informe del Relator Especial sobre la Tortura de Naciones Unidas califica de «presos políticos vascos» a los reclusos de ETA. El dossier, obra del nuevo relator, el austriaco Manfred Nowak, llega a asegurar, de manera inesperada, que el Gobierno «no investiga» las denuncias sobre torturas a manos de la policía. Asimismo, señala que el Ejecutivo «ha desoído» casi todas las recomendaciones para mejorar el trato a los detenidos en régimen de incomunicación.

En el informe, fechado el 21 de marzo de este año y que ha sido entregado ya al Gobierno, Naciones Unidas hace un seguimiento de las recomendaciones que el anterior relator, Theo Van Boven, hizo al Ejecutivo de entonces después de una visita, en octubre de 2003, a diversos puntos de España. En el párrafo 292 del vasto estudio, el Relator Especial analiza la política penitenciaria con los presos de ETA, a los que en ningún momento califica de terroristas, y lamenta incluso que no se hayan seguido las recomendaciones de acercar a los internos de la banda armada a cárceles del País Vasco.

Traslados

El 'informe Nowak', que cita «fuentes no gubernamentales» que no identifica, dice textualmente: «desde el mes de diciembre de 2004 hasta octubre de 2005 se han realizado 93 cambios de destino en el Estado español en lo que respecta a los presos políticos vascos. De ese total, 64 traslados han sido para alejarlos más todavía. De los 528 presos vascos encarcelados en las prisiones del Estado español, tan sólo once están en el País Vasco».

El informe se hace eco, sobre todo y de forma reiterada, de las habituales reclamaciones de la izquierda abertzale sobre los presos de ETA y, sin más detalles, señala que las autoridades españolas se limitan a «tachar de falsas todas las denuncias por tortura presentadas en los juzgados».

El informe ignora en todo momento que el Gobierno español ha contestado de manera oficial a la ONU en varias ocasiones que «no considera que la detención incomunicada cree 'per se' condiciones que faciliten la perpetración de la tortura» y que este régimen no implica que el «detenido se vea privado de ninguno de sus derechos fundamentales». «Desde el primer momento de la detención incomunicada existe un control jurisdiccional efectivo de la incomunicación y se produce la presencia del abogado de oficio y del médico forense», señalan los documentos del Gobierno.