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Jueves, 23 de noviembre 2006, 02:13
El presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, solicitará hoy a la Audiencia Nacional que anule el juicio de las cesiones de crédito, un caso que está abierto desde hace 24 años y medio. Su argumentación pasa por la falta de legitimación de las dos acciones populares -el partido Iniciativa per Catalunya (ICV) y la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes (vinculada a Rafael Pérez Escolar, ex consejero condenado por el 'caso Banesto')-, y en ella cuenta con el apoyo de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que no le acusan ni a él ni a tres antiguos colaboradores suyos en el banco de los presuntos delitos fiscales que habrían cometido 28 antiguos clientes de la entidad santanderina entre 1988 y 1989.
Entre las cuestiones previas de diversa índole (sobre posibles irregularidades en el proceso y vulneraciones de derechos fundamentales), que los abogados de Botín plantearán al tribunal al inicio de la vista oral, destaca la «ausencia de soporte legal» para enjuiciar a los directivos del banco como supuestos cómplices de sus clientes. Su tesis es que la Ley de Enjuiciamiento Criminal impide abrir juicio oral si no lo piden el fiscal y el abogado del Estado, sin que la mera solicitud de una acción popular sea suficiente para ello.
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