El Gobierno zanja la deuda con Astilleros por el solar de San Martín

El Gobierno regional ya ha hecho efectivo el pago de los 20,4 millones de euros que se debían a Astilleros del Atlántico por la expropiación del solar contiguo al Palacio de Festivales. Una cantidad de la que casi la mitad se corresponde con los intereses legales generados por el retraso en el tiempo de la resolución de este asunto, un largo proceso que ha supuesto, según el consejero de Presidencia, Vicente Mediavilla, un «quebranto» a las cuentas regionales «por la mala gestión del PP».

Mediavilla dio a conocer ayer los detalles del acuerdo junto al consejero de Economía, Ángel Agudo. Ambos resaltaron que gracias a la actuación del actual Ejecutivo, la deuda se ha conseguido rebajar en un 60 por ciento con respecto a los más de 50 millones de euros en que el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) fijó el justiprecio y los intereses.

Mediavilla recordó ayer que en 1990 se inició la expropiación, pero que «sorprende» que no fuera hasta 1999 cuando se fijara el primer justiprecio en 1,5 millones de euros. El consejero indicó que Astilleros del Atlántico reclamaba entre 3,6 y 4,8 millones de euros, pero el entonces titular de Economía del PP, Juan José Fernández, rechazó la oferta, y «cerró las puertas» a cualquier negociación, lo que provocó un recurso en el TSJC que resolvió fijando la expropiación, incluidos los intereses, en 50 millones de euros. Dicha sentencia fue recurrida y se ordenó una nueva valoración. Mediavilla resaltó que se van a tener que pagar 15 millones de euros más de lo que reclamaba la empresa inicialmente, «prueba evidente del perjuicio y peligro que suponen dirigentes públicos como los que están al frente del PP».

El destino del solar se deberá ajustar a lo que contemple el Plan General de Ordenación Urbana de Santander, que en el avance lo ha calificado como sistemas generales de equipamiento. El dinero que recibirá Astilleros deberá destinarse, en su mayor parte, al pago de antiguas deudas, al haber incurrido la sociedad en suspensión de pagos. Entre los deudores está la propia Administración pública (Seguridad Social, Hacienda, Ayuntamiento de Santander ) y empresas de la región.