Ecuador estudia trasladar la sede del Congreso para eludir las protestas

Los diputados ecuatorianos estudian la posibilidad de cambiar la sede del Parlamento de Quito a otra ciudad ante las violentas protestas de grupos que el martes arremetieron contra el Congreso.

Los manifestantes exigieron una consulta popular impulsada por el Ejecutivo para instaurar una Asamblea Constituyente que es apoyada por el 77% de la población, según las encuestas.

La legisladora Martha Bucaram, de la Red Ética y Democrática (RED), declaró que el traslado es posible porque la ley permite cambiar la sede del Parlamento a otra ciudad. Bucaram recordó que la sesión parlamentaria fue suspendida por el presidente del Congreso, Jorge Cevallos, porque consideró que faltaban «garantías» en el edificio donde se halla el Legislativo.

Según Bucaram, la suspensión de la sesión ocurrió cuando el pleno de la Cámara debatía el proyecto de consulta popular del Ejecutivo, con el que prevé instaurar una Asamblea Constituyente con plenos poderes.

Los partidos de derecha, opuestos a la Constituyente y que dominan la Cámara, intentaban que el pleno pidiera rectificaciones al Gobierno sobre el estatuto de la Asamblea, mientras que los grupos de izquierda querían la aprobación de la iniciativa del Ejecutivo.

Desalojo

Bucaram dijo que después de suspender la sesión el presidente del Congreso pidió a los legisladores que abandonaran el recinto ante la posibilidad de que los manifestantes ingresaran para desalojarlos.

«La evacuación de los diputados se llevó a cabo de forma tranquila», añadió Bucaram, quien insistió en que los congresistas podrían decidir en las próximas horas el cambio de sede de la Cámara ante la amenaza de más protestas por parte de los grupos sociales.

En los incidentes del martes en la sede del Parlamento, un edificio cedido por el Banco Central al Congreso hasta que se reconstruya el Palacio Legislativo, resultaron heridos una fotógrafa de la agencia Efe y varios policías. Los manifestantes anunciaron que las protestas continuarán hasta que el Congreso deje de oponerse a la consulta popular impulsada por el Gobierno del presidente Rafael Correa.

El propio gobernante condenó los actos violentos sucedidos en el Parlamento y pidió a la población que ejerza su «derecho a la protesta de manera totalmente pacífica».

El Gobierno responsabilizó del clima de inestabilidad a los vocales del Tribunal Supremo Electoral y a los diputados del Congreso «por su actuación en contra de la voluntad manifiesta de los ciudadanos».