España se conjura contra el cambio climático y Narbona advierte de ello a industrias, transporte y consumidores

Eficiencia y ahorro energéticos, impulso a las fuentes renovables y mayor responsabilidad ciudadana en el uso de los recursos naturales. Es la 'santísima trinidad' de objetivos que se marca la Estrategia Española de Cambio Climático diseñada por el Gobierno, y que a partir de ayer, martes, comienza un largo camino de negociación con el resto de las administraciones del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos.

La Estrategia pone sus miras en los llamados sectores 'difusos', responsables del 60% de las emisiones españolas de CO2. A diferencia de la actividad industrial, el sector del transporte y otros como la construcción, la agricultura o los usos residenciales y ciudadanos no están sujetos a ningún tipo de restricción. Ahora se pretende así meterlos en vereda e intentar limitar su gasto energético y las emisiones atmosféricas que contribuyen al calentamiento global.

Luego de explicar contenidos y continentes, el ministerio de Medio Ambiente activó además los resortes institucionales que debieran permitir aprobar el plan en los próximos meses (tramo final de legislatura) y, por ende, empezar a combatir dos evidencias irrefutables: la Península Ibérica será una de las regiones más castigadas por los efectos del cambio climático en las próximas décadas, y pese a sus compromisos internacionales, España sigue sin atajar sus emisiones de CO2 a la atmósfera, un 37% por encima de los límites establecidos en el Protocolo de Kioto.

Breve, claro y conciso

La Estrategia Española de Cambio Climático es un documento de 45 páginas elaborado por Medio Ambiente y los ministerios de Economía, Industria, Agricultura, Presidencia, Fomento, Trabajo y Vivienda, con casi dos centenares de propuestas cuyo propósito último es recortar el consumo de energía un 1% anual de aquí al 2020, sin menoscabar el crecimiento económico y el bienestar social de la población.

Para ello, el plan prevé rediseñar el 'mapa' del transporte en España, nada menos. Menos automóvil privado y más medios públicos, más limpios. 'Redescubre' el tren y propone la creación de redes eficientes de transporte ferroviarios, de cercanías y de largo alcance, para pasajeros y mercancías. Sugiere la creación de 'autopistas del mar' que reemplacen el transporte por carretera, y plantea recargos fiscales para los vehículos, privados o públicos, de mayor consumo de combustible y a la inversa, ventajas para los de baja cilindrada y movidos por biocombustibles.

En el capítulo residencial, opta por castigar el consumo eléctrico excesivo en domicilios, oficinas o locales por medio de las tarifas. Los fabricantes de electrodomésticos deberán incluir su certificación energética y se promoverá el su reemplazo por otros de menor gasto energético. La construcción de edificios deberá incorporar medidas de ahorro energético -paneles solares, entre otros-, las calderas de carbón quedarán erradicadas en 2012 a más tardar, y los ciudadanos tendrán que poner de su parte y asumir, por ejemplo, el uso sistemático de bombillas y aparatos de bajo consumo.

Complejo futuro

La Estrategia es tan imprescindible como difícil de llevar a la práctica. Exigirá esfuerzo, inversiones -aún sin especificar-, la voluntad concertada de todas las administraciones y un cambio de mentalidad ciudadana. No es algo que pueda imponer por sí solo ningún gobierno, recordó la ministra de Medio Ambiente, ni puede quedarse en un muestrario de buenas intenciones. «La lucha contra el cambio climático no puede ser una suma de buenas voluntades», sino una auténtica «política de Estado» que incluya a todos los poderes públicos, partidos políticos, agentes sociales y al conjunto de la ciudadanía, subrayó Cristina Narbona.

Punto de partida

La Estrategia de Cambio Climático «puede ser un buen punto de partida, pero no de llegada». Joaquín Nieto, representante de CCOO en el Consejo Nacional del Clima, coincidía con el parecer de las organizaciones ecologistas. La propuesta del Gobierno es bienintencionada, pero se queda «muy corta, carece de objetivos sectoriales, de calendario y de presupuestos», a juicio de la portavoz de Greenpeace, Raquel Montón.