La red de blanqueo de dinero emitía facturas falsas de compraventa de suelo

Las cinco personas detenidas en la que ya se ha dado a conocer como 'Operación Trigo Limpio' contra el blanqueo de capitales desarrollada a finales de la semana pasada en Cantabria están consideradas presuntos integrantes de un grupo organizado que se dedicaba a la intermediación en la adquisición y venta de terrenos utilizando para tal fin sociedades a cuyo frente estaría situado un administrador sin capacidad real de disposición -un 'testaferro'- con el objeto de emitir facturas falsas que ampararían ventas realizadas por otras empresas o particulares que no declaraban su actividad. El importe de lo defraudado -hasta donde sabe la Policía- supera los dos millones de euros, una cifra 16 veces superior a la establecida para ser considerada un delito: 120.000 euros.

Dirigida y supervisada por el magistrado José Hoya Coromina -titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Santander- la operación se activó en el año 2006, cuando el Área de Inspección de la Agencia Tributaria detectó un presunto delito fiscal cometido en el sector inmobiliario, descubrió que el administrador de la sociedad era o podía ser un 'testaferro' y decidió ampliar la investigación para averiguar quiénes estaban tras esta operación.

Según el auto del juez, que ayer decidió levantar parcialmente el secreto del sumario, de las investigaciones realizadas se supo que los detenidos en la operación (Rodolfo M.P., abogado; Juan Francisco P.G., responsable de 'Sergamar Asesores Asociados S.L.'; José Antonio L.G.; Jesús José R.G; y José Ángel C.I.) «establecieron una estructura organizada, encaminada a la emisión y venta de facturas falsas, al carecer de un contrato mercantil subyacente, para lo que utilizaban un entramado de sociedades mercantiles, en liquidación o inoperativas, carentes de localización física, actividades, empleados, y de activos de cualquier tipo, unas veces domiciliados en los propios domicilios de los imputados y otras carentes de cualquier domicilio, a través de las cuales, y a petición de los interesados materializaban facturas carentes de cobertura contractual subyacente con el fin de blanquear dinero o eludir el pago de los impuestos legalmente exigibles».

Dos millones de euros

Como quiera que el importe de las cuantías defraudadas -«pendiente de una valoración más exhaustiva pero superior a los dos millones de euros»- superaría con creces las cantidades establecidas para que esta actividad sea considerada un delito, agentes del Grupo de Crimen Organizado del Cuerpo Nacional de Policía y de la Unidad Regional Operativa de Vigilancia Aduanera en Cantabria se lanzaron a bucear en un mar societario en el que comenzaron a pescar abundante información.

Así, las primeras averiguaciones permitieron saber de la existencia de un 'testaferro' y constatar que carecía de patrimonio a su nombre, que no tenía poder adquisitivo proporcional a su participación en las sociedades en las que figuraba y que realizaba una «vida rutinaria» sin dar muestras de controlar o administrar tales empresas suponiéndose, por lo tanto, que el verdadero o los verdaderos coordinadores de las operaciones fraudulentas detectadas eran otra u otras personas.

Tirando del primero, y luego de los otros cuatro imputados a medida que fueron centrando la participación de cada uno de ellos en la trama, los investigadores llegaron a desmontar una organización «compleja» que se relacionaría piramidalmente, que estaría desarrollando una operativa defraudatoria desde, al menos, 2003 y que deja detrás de sí cinco detenidos acusados de un delito contra la Hacienda Pública, otro de falsedad de documento mercantil, uno más de estafa y un cuarto de blanqueo de capitales.