Poder paritario

Las consecuencias políticas del 27-M han solapado la transformación que sufrirán las instituciones con la incorporación de 7.000 nuevas concejalas y el incremento al 41% de la presencia femenina en los parlamentos autonómicos recién elegidos, en virtud de la Ley de Igualdad que se ha aplicado por primera vez en las urnas con carácter general. La ejecución de la nueva normativa, que reserva para las mujeres al menos cuatro de cada diez puestos en las candidaturas en municipios de más de 5.000 habitantes, ha reavivado la controversia sobre la legitimidad de las cuotas y ha forzado al Tribunal Constitucional a garantizar el cumplimiento riguroso de las previsiones legales. La suspensión de listas integradas, excepcionalmente, por una mayoría de aspirantes femeninas ha puesto de manifiesto tanto la obligatoriedad de que los partidos procuren ajustarse a la literalidad de la norma, como la necesidad de que el legislador y los propios jueces traten de evitar desviaciones indeseadas en el propósito original de la reforma. Pero ni las eventuales dificultades que puedan surgir en su progresiva aplicación ni las críticas y los recelos que ha despertado la extensión de la paridad por ley restan valor a una iniciativa llamada a corregir una desigualdad histórica. A pesar de que las mujeres representan el 50,5% del censo y cuentan con una capacitación equiparable a la de los varones, únicamente el 12,5% de los ayuntamientos constituidos en 2003 ha estado dirigido por alcaldesas. Y las concejalas sólo ocuparon entonces el 25% de los 62.443 escaños en liza.

Es una evidencia que la penetración de las mujeres en las distintas esferas de la sociedad ha avanzado en consonancia a la democratización de la vida pública; también lo es que en 1983 las alcaldías bajo mandato femenino se reducían a dos de cada cien. Los perceptibles progresos en la igualdad no ocultan, sin embargo, que éstos no se han desencadenado con la celeridad exigible a un sistema institucional moderno, justo e igualitario, y que han sido fruto más que de un compromiso colectivo, de la lucha y de las renuncias de las propias mujeres. Es posible que la entrega individual que ha supuesto conseguir la representatividad sin cuotas explique las reticencias que suscita su imposición no ya en los hombres, sino en muchas mujeres que las consideran un demérito. Las estadísticas evidencian que la valía profesional no ha bastado por sí sola para acortar la distancia entre ambos sexos en la presencia política e institucional, el terreno en el que se deciden y ejecutan las leyes y los programas que moldean la sociedad. El reconocimiento de la paridad permitirá convertir los plenos municipales en un espejo de la realidad ciudadana. Pero ese logro común quedará inconcluso si no lleva aparejado un cambio en la mentalidad que premia la dedicación en horas al trabajo antes que la efectividad y que entorpece la conciliación real de la vida personal con la laboral y, en este caso, la política.