El nuevo combate de un refugiado político

Nadie que conociera al pakistaní Imran Firasat durante el tiempo en que peleaba por quedarse en España puede dudar de su caracter de estratega y luchador. El joven se presentaba en los medios de comunicación con una carpeta con todos los papeles que necesitaba para contar su caso: enamorado de una mujer indonesia, no podían retornar ni a Pakistán ni al país de ella ya que en ambos lugares su unión (entre musulmán y budista) se castiga duramente. Ya había un niño sin patria de por medio y, mientras la pareja revolvía Roma con Santiago para que el Estado español no les expulsara, tuvieron un segunda hija.

Firasat siempre contó su dramática historia sin transmitir ninguna angustia. Lo hacía seguro de tener razón. De forma simple, pero contundente. Y basando siempre su reclamación en las leyes internacionales, cuya letra se conoce al dedillo. Creía tener derecho a vivir en un país que no cuestionara su unión sentimental y combatió hasta lograrlo. Ahora vive en Santander con su esposa Jenny Setiawan y sus dos hijos. El mayor, con más de tres años ya va al colegio, algo que le llena de satisfacción.

«Todo legal, todo muy bien», resume, aunque puntualiza que lo logrado no se debe a la suerte, sino «a lo que he luchado». El pakistaní reside en Cantabria con estatus jurídico de refugiado político, una condición que explica con la sólida sencillez que le caracteriza: «Tengo los mismos derechos que cualquier español, a todos los efectos, salvo el pasaporte que es de español, pero de un color diferente. Dentro de cuatro años tendré la nacionalidad plena: los cuatro seremos españoles y lo seremos como homenaje a este país que tanto nos ha dado», dice. Está muy agradecido a España.

Acabado aquel combate en el que iba la vida de su familia, Firasat no ha perdido un ápice de su idiosincrasia. Sigue siendo un luchador. Hace dos meses que puso en marcha un negocio de hostelería, en el grupo Amaro de Santander, especializado en platos turcos, indonesios e indios. Asegura que le va «muy bien». El local es limpio y digno, con dos frentes de cristal, lo que le hace muy vulnerable ante los amigos de lo ajeno, avisa el pakistaní.

Máquina a la fuerza

Echar a andar el bar-restaurante no le ha resultado costoso porque no ha tenido que pasar por los trámites a que se obliga a un inmigrante que quiere darse de alta como empresario. Además, logró el aval bancario de una familia cántabra que le está ayudando desde que llegó y para quienes no tiene más que palabras de gratitud.

Con el mismo orgullo con el que declara que él no es un inmigrante ha contestado al Gobierno de Cantabria, desde cuya Consejería de Presidencia se le reclama que mantenga en su establecimiento una enorme máquina tragaperras contratada por el anterior regente de un negocio de hostelería similar en el mismo lugar. La Administración le amenaza con una multa de entre 300 y 1.500 euros si no coloca a la vista la máquina, que ahora mismo está relegada en la cocina.

Firasat ha consultado con varios abogados y reconoce que la ley está de parte de la empresa que le exige conservar el ruidoso artilugio durante dos años. Sólo que no lo entiende: «Yo cogí en alquiler este local, sin un traspaso. Es decir, el trato es entre el dueño y yo. Y a mí me parece muy injusto que me obliguen a poner una máquina que no me interesa, porque ni el propietario del bar ni yo la hemos pedido».

Teme, por otro lado, ser víctima de un robo debido a la llamativa tragaperras; los vecinos le han asegurado que el local ya sufrió tres robos en el pasado por este motivo. «Resulta que yo tengo que proseguir con ella hasta 2009 sólo porque otra persona firmó hace tiempo un documento que a mí no me vincula para nada. Este problema no es mío», afirma con aplomo. «Me dicen que el Gobierno protege los derechos de los dueños de las máquinas, ¿pero quién me protege a mí, que estoy contribuyendo a la economía del país? ¿Por qué no se apoya al que está emprendiendo un negocio?».

El pakistaní -«ya casi español»- ha explicado su postura a los inspectores que le ha mandado la Administración. «No soy culpable y me van a multar». Su intención es «luchar contra esta ley» que no entiende, «por injusta». Tampoco entendió hace años qué delito cometía por querer a una mujer de otra religión. También le parecía injusto. En aquella ocasión luchó. Y ganó.