Las medidas del Gobierno en materia de CO2 no convencen al sector

El pasado viernes España se convirtió en el décimosegundo país de la UE en vincular la fiscalidad con las emisiones de CO2 tras aprobar el Gobierno -dentro de un paquete de 80 medidas urgentes contra el cambio climático- la propuesta de dividir el actual impuesto de matriculación en cuatro tramos impositivos, entre el 0% y el 14,7%, según los niveles de emisiones de dióxido de carbono, que entrará en vigor a partir del próximo mes de enero. Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Francia, Italia, Luxemburgo, Holanda, Potugal, Suecia y Reino Unido ya cuentan con diversos incentivos fiscales para los coches que consumen menos combustible o Co2, según la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (Acea).

Las reacciones en nuestro país en relación a la reciente medida del Gobierno de Zapatero no se han hecho esperar por parte del sector automovilístico. Desde la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) consideran de manera positiva la reforma medioambiental, ya que aseguran que no supondrá un aumento de la presión fiscal para los consumidores. Es más apuntan que 1,1 millones de coches se verán beneficiados por una rebaja fiscal, respecto a los actuales tipos vigentes.

«Esta disminución de recaudación se verá compensada por el incremento de los tipos del impuesto de matriculación vigentes en la actualidad a los coches más emisores, de manera que la recaudación fiscal total por el impuesto de matriculación se mantendrá en unos niveles similares a los actuales.

No obstante, debemos seguir insistiendo en lograr mayores reducciones en las emisiones para lo que es imprescindible la retirada de la circulación de los coches más antiguos, causantes de la mayor contaminación. Cien coches de hoy emiten lo mismo que uno de los años 70», explican en Anfac.

«Falta de ambición»

Desde la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto) consideran, que la llamada «fiscalidad verde» no es suficiente por su «falta de ambición». En esta línea, la opción que propone Blas Vives, secretario general de Faconauto, es la renovación del parque automovilístico y el fomento de medidas para la retirada de vehículos viejos y contaminantes, además de peligrosos, antes de penalizar la compra de modelos nuevos más eficientes. «Es una contradicción la decisión de incentivar fiscalmente a los vehículos menos contaminantes y plantear, al mismo tiempo, la supresión del Plan Prever a partir de 2008, sin tener en cuenta el rejuvecimiento del parque logrado con este plan en los últimos cinco años», asegura Blas Vives. La modificación del impuesto de matriculación -de manera que los coches teóricamente más contaminantes paguen más que los ecológicos- puede provocar en opinión de los representantes de Faconauto «distorsiones en la demanda».

Germán López Madrid, presidente de la Asociación Nacional de Importadores de Automóviles y Camiones (Aniacam), señala a este periódico que el sector ha realizado inversiones millonarias para lograr que los vehículos sean un 90% menos contaminantes, inversión que no se ha destinado a esta materia en otras industrias. López Madrid valora positivamente la medida del Gobierno, «siempre hemos defendido un impuesto -apunta-. Es bueno que le Gobierno no distinga entre tipo de vehículo y que exista una neutralidad fiscal. Sin embargo, sigue siendo un impuesto a la compra no a la utilización del coche, lo que afecta a una demanda que no pasa por su mejor momento».

El presidente de Aniacam también recuerda que «el 35% del parque automovilístico español tiene más de 10 años y un porcentaje muy alto cercano a esta edad. Somos el segundo país europeo, después de Grecia, con el parque más antiguo. El nivel de contaminación de estos coches es exponencialmente superior al de cualquier coche actual.

Si de verdad el Gobierno se preocupa por el medio ambiente no puede hacer desaparecer el Plan Prever, como tiene previsto. En esta línea se manifiesta el responsable de Seguridad y Medio Ambiente del RACE, Tomás Santa Cecilia, quien defiende la renovación del parque como medida efectiva para reducir las emisiones de Co2. Considera que las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno «enmascaran» un aumento de los impuestos bajo la apariencia de una medida de protección medioambiental.

El director de la Fundación RACC, Miquel Nadal, califica la medida de «positiva y necesaria porque equiparará a España con los demás países de su entorno», pero considera que debería entrar en vigor inmediatamente y no el 1 de enero como está previsto.«Si se espera tanto -advierte Miquel Nadal-, se crearán distorsiones importantes en las decisiones de compra de vehículos, lo que perjudicará al mercado». El 35% del parque automovilístico español tiene más de diez años