Sin su consentimiento

También en las democracias occidentales hay motivos para la protesta colectiva. Y es que, en ellas, también sus gobiernos pueden volcarse en defensa de los intereses de los más poderosos, desdeñando a los más necesitados. En el caso español, cada día resulta más evidente. Intimidado -o quizás acomplejado- por las oligarquías nacionalistas, nuestro gobierno se ha pasado la legislatura entre la negociación con terroristas y la atención a los intereses de las regiones más ricas, Cataluña y el País Vasco, mientras desatendía a las demás, poniendo así de manifiesto que la izquierda puede ser también reaccionaria, que diría Fernando Savater. Cómo llamar, si no, a quien perpetúa privilegios. Además de inmoral, resulta peligroso para la propia democracia, que adquiere pleno sentido cuando se gobierna con el consentimiento de los ciudadanos, como nos recuerda John Dewey. Y no creo yo que la gente apruebe, por ejemplo, que su gobierno se lance a negociar con terroristas, como parece que ha ocurrido para vergüenza de la vida pública y humillación del estado. La mayoría de los que asistieron a las reuniones -desde representantes del PNV hasta el propio Otegui, personaje sobre el que no hace mucho el propio presidente comentaba esperanzado sus declaraciones- no sólo así lo atestiguan, sino que llegan a decir incluso que se apalabraron muchas cosas sobre lo sustancial de las reivindicaciones de los nacionalistas y los etarras.

Tan sólo queda por hablar el gobierno; y lo tendrá que hacer, a menos que prefiera seguir burlando algo tan sustancial en la democracia como es la transparencia. Ha llegado el asunto a tal grado de confusión, que está obligado a explicar a los ciudadanos cómo está el asunto: qué se pretendió, qué se ha negociado y qué ha pasado para que el proceso se rompiera. Con esta información, ya harán ellos lo que consideren oportuno. Habrá quienes justifiquen el proceso; pero no faltarán los que piensen que es indigno negociar con asesinos: que quienes actúan sin principios no pueden dirigir las instituciones públicas.

En todo caso, el mutismo del gobierno no hace más que poner de manifiesto que, en este asunto, ha actuado sin tener en cuenta a la mayoría de los ciudadanos. Como, por cierto, viene haciéndolo en todo lo relacionado con el País Vasco y Cataluña. Sus grandes preocupaciones. Resulta que los que habitan las regiones españolas más atrasadas tienen que asistir ahora a la humillación de ver cómo sus mandatarios acuden en auxilio de una Cataluña supuestamente olvidada y abandonada. No es broma; la propia vicepresidenta acaba de decir, sin sonrojarse, que en el pasado no ha habido suficientes inversiones allí. Vivir para ver; esta señora parece ignorar que donde no ha habido casi nada ha sido en Castilla, en Extremadura, en Galicia o en Andalucía. Que se lo digan a los que tuvieron que emigrar. Buena nos espera. Lo cierto es que, a raíz de los apagones sufridos en Barcelona y del caos en ferrocarriles y aeropuertos, muchas voces catalanas hablan de la carencia de inversiones del estado en la comunidad. Desde la Cámara de Comercio hasta políticos en activo o jubilados, casos de Durán i Lleida o Pujol, pasando por prestigiosos analistas políticos, todos echan la culpa a Madrid de sus penurias.

De nuevo el victimismo. Una actitud que, acompañada de sus amagos independentistas, han venido utilizando de manera impenitente para sacar dinero a los demás. Un dinero que, a la vista de las carencias de las que ahora hablan, deben de gestionar fatal. No se explican, si no, estas insuficiencias después de tantos recursos como el estado ha puesto allí. Por lo visto, la promoción de los asuntos identitarios se lo ha llevado casi todo. Mala gestión, en suma. Qué razón tenían quienes recomendaban que no se perdiera tanto tiempo en lo del Estatuto y se atendiera a lo interesaba a los ciudadanos.

Mas, como decimos, estos nacionalistas no se apean de un victimismo que les ha resultado enormemente rentable. De sobra saben que cuentan con los complejos de los gobiernos de España, y que al final sacan siempre carne en las uñas. Ya lo hizo el País Vasco con un ventajosísimo concierto económico, y lo viene haciendo Cataluña una y otra vez bajo amenaza de separatismo. Con tanta experiencia, no me extraña que lo hayan vuelto a conseguir. Han sacado el compromiso del presidente de aportar más inversiones. La lista se las trae: además de asegurar 500 millones de euros para la ampliación del aeropuerto del Prat y la llegada del AVE a Barcelona antes del 21 de diciembre, se destina a Cataluña el 18,8% del global del presupuesto estatal para infraestructuras y se decide la creación de una unidad de seguimiento de las inversiones presupuestarias allí. Así se hace. A ver si de esta manera consigue el presidente sacar a esta comunidad de la pobreza.

La verdad es que, habiendo tantas regiones tan necesitadas de infraestructuras, el que se haga esto con Cataluña es vergonzoso. Resulta injusto. En un país que presenta enormes diferencias de desarrollo entre sus regiones, resulta ofensivo que sea la más favorecida -la propia ministra de Fomento acaba de asegurar que Cataluña es donde más ha invertido el estado- la que reclame más dinero, y que el gobierno acuda tan presto a atenderla. Es un agravio para las regiones más desfavorecidas, que tienen muchísimas dificultades para asegurar el bienestar de la gente en su territorio. Alguna de ellas, ingenuo cuento de la lechera, sueña con estar a la cabeza de España mientras acude mendicante en busca del AVE. Infeliz.

Y todo por una presión nacionalista que amaga con regresar a la tribu y vuelta a empezar con Don Pelayo, que diría el profesor Ramírez. Es curioso, pero unas reclamaciones identitarias que en circunstancias normales abochornarían hoy a cualquiera en Europa, resulta que les está siendo enormemente útil a vascos y catalanes. Se lo están llevando entero. Se las han arreglado para recibir un trato privilegiado tanto política como económicamente, a pesar de su nulo compromiso con el proyecto colectivo español. Le ha faltado tiempo al gobierno para sentarse a la mesa con nacionalistas y etarras, o para acudir en auxilio de los catalanes, como le habían reclamado los nacionalistas.

Callado está dicho que, actuando de esta manera, el gobierno del estado no desarrolla plenamente los principios de la democracia. No lo hace cuando ni es transparente ante los ciudadanos, ni les trata de la misma manera independientemente de la región a la que pertenezcan. En fin, que no hace otra cosa que actuar sin la conformidad de la gente. Y ante un desprecio así, no cabe la abulia; si se quiere superar esta situación tan injusta y que tanto desacredita a la democracia, hay que exigir a las autoridades comportamientos dignos y recursos para asegurar el bienestar de todos. Es lo mejor para los ciudadanos y para la democracia, que no es posible sin contar con todos. Que no es casi nada al margen de los principios que la sustentan.