Suances descarta el desalojo en uno de los edificios en ruina, pero estudia el del otro

El Ayuntamiento de Suances determinará el sábado si desaloja o no el edificio número 3 del Paseo de La Marina Española y lo hará en función de lo que diga el informe que emitirán los técnicos externos que se están encargando de realizar un estudio en profundidad de este inmueble así como del número 1, que está junto a él y, según los últimos datos que maneja el Consistorio, se librará del desalojo, pues presenta un mejor estado, al contrario de lo que parecía en un primer momento.

Los vecinos del inmueble número 3 y los responsables de los locales comerciales conocerán la decisión en una reunión que se celebrará el sábado por la mañana, pero algunos ya han adelantado que no la acatarán en caso de estar encaminada al desalojo. «Yo de aquí no me voy a salir, que me vengan con una orden judicial», dice Crescendio Pérez, tras la barra del bar El Ancla, que regenta desde hace tres años y le sirve para «alimentar cinco bocas y ahora mantener a un nieto de cinco meses».

Junto a él, Gema Rodríguez, hija de una vecina que además tiene regentado el local a Crescendio, exige que alguien les dé «una solución». «¿Qué hacemos con la gente que vive aquí? ¿Les ponemos fuera con un paraguas?», se pregunta. Su madre, María Polo, se encuentra en el primer piso y muestra que su casa «aparentemente está bien». Sin embargo los técnicos han realizado anotaciones por los distintos tabiques para comprobar en diversos puntos de la vivienda cuál es el estado real. Si no aparece nada alarmante no habría que apuntalar, a menos que en las viviendas que están sobre ésta se encontraren problemas, ya que su estado comprometería a todo lo que hay debajo.

En el primero D, por ejemplo, ya hay unas cuantas paredes levantadas, mientras que con el patio interior, un técnico hace lo propio. Lo de la casa de Agustín Rodríguez, que vive en un cuarto junto a su madre y sus hermanos, es un caso aparte. Tiene la casa manga por hombro. Empezaron hace unos días a trabajar por el salón y aún queda labor para unas cuantas horas más. Hoy, comenzarán con su habitación, según le han explicado. Todo sin sacar ningún mueble hasta el momento. Y a continuación, el resto de espacios del piso, incluido el pequeño baño, que tiene también sus múltiples marcajes en las escuetas paredes.

Pero volviendo a los locales de la primera planta, si hay alguien que se está empezando a desesperar es Conchi Ceballos, del Restaurante Sito, que regenta desde hace más de cuarenta años y ahora se encuentra con esto, lo que califica como «un Cristo». «Vinieron diciendo que iban a poner unos puntales en el almacén y mira la que se ha armado», comenta destacando que «han movido hasta las columnas».

Esto fue el lunes pasado, cuando, según explica, llegaron los técnicos por sorpresa «de buenas a primeras» y tuvo que cerrar el local. «Yo no sabía nada de esta movida», asegura y critica que «te ponen en la calle y no te dan explicaciones». Tras la obra en el almacén, la intención, dice, era continuar por otras partes del restaurante, pero se opuso frontalmente, ya que exige que al menos, le dejen tiempo para apartar el mobiliario y todo lo que tiene colocado en él.

Para más inri, mientras procedía a recoger todo esto para adecuarlo a los trabajos planteados para recoger en lo posible el restaurante, junto a una empleada, le llegó una inspección de trabajo. «No estábamos trabajando en realidad, pero menos mal que tenía el contrato en regla, que lo quiero mantener al menos este mes, con este tipo de labores...», explica pesarosa por tener que prescindir a partir de ahora de sus servicios, al igual que de los refuerzos de los fines de semana. «Estos días tendré que llamar también a las seis personas con quienes había hablado para que trabajaran en verano, lamenta.

Tras la citada inspección, y a pesar de estar cerrado su local al público ese día, le cayó un apercibimiento y tendrá que presentar diversos documentos en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, acreditando la situación.

Este miércoles continuaba con las labores encaminadas a apartar en la medida de lo posible sus pertenencias para dar paso a los trabajos, con la ayuda de su hijo, quien también lamentaba enormemente la situación y exponía que aunque no les obliguen a desalojar no podían tener el restaurante abierto, «porque no da una buena imagen para los clientes por mucha confianza que tengan estos».

La hostelera dice que «lo económico es mucho», pero lo que más le duele es «lo psicológico». «No puedes desmontar en diez días, como nos pedían, lo que lleva funcionando cuarenta años», dice. «Te echan a la calle y aquí nadie se hace cargo; ni seguro del bar ni nada», añade.

El alcalde de Suances, Andrés Ruiz Moya, se reunió este miércoles con los técnicos responsables y tras el encuentro explicó que «si bien hace quince días se decía que el edificio 1 estaba peor que el 3, los técnicos de los administradores dicen ahora que el 1 está mejor y es en el 3 donde es incompatible realizar la obra con que sigan viviendo los vecinos», por lo que sigue siendo muy probable su desalojo. Los motivos principales, los resume así: «comodidad, tranquilidad y agilidad de los trabajos». Para todo esto reitera el alcalde que «sería conveniente tener el edificio vacío». Aunque a la vez recalca que todo dependerá de los informes técnicos, sobre los que se sostendrá la decisión del Ayuntamiento.

No sólo los técnicos se reunieron este miércoles con el regidor municipal, sino que su despacho fue una vez más, al igual que en días previos, un peregrinar de vecinos afectados, que solicitaban información al respecto y exponían sus casos personales, muchos de ellos, en lo genérico, coincidentes.

La pregunta de dónde van a vivir si finalmente se toma la decisión de desalojar el edificio es la que más planea sobre el tema, teniendo en cuenta que muchos de ellos llegan justos a fin de mes, y eso con suerte.

Tienen en la cabeza lo que se les viene encima: pagar un nuevo alquiler y sumar los costes la mudanza y también la derrama que deberán hacer para pagar los gastos de las obras. Para todo esto, el Ayuntamiento no contempla ninguna subvención, pero el alcalde acudió el martes personalmente a la Consejería de Vivienda donde se informó, como luego trasmitió a sus vecinos, «de que puede haber ayudas tanto para la rehabilitación de edificios como para los alquileres, si cumplen determinadas condiciones que exige el Gobierno regional».

No obstante, reconoció su pesar por la situación y se mostró del lado de los afectados: «Entiendo que es una faena».

En lo que se refiere a los locales hosteleros, el alcalde es consciente de que independientemente de que se obligue o no a desalojar, «algunos ya lo tienen muy claro porque ven que para los clientes es muy incómodo».

Sobre los plazos que se estipula que puedan durar las obras durante las cuales los vecinos no podrían permanecer en sus viviendas, en su caso, es difícil calcularlos. «Creemos que serían entre ocho y diez meses, pero es imprevisible, porque los técnicos no saben lo que van a encontrar», dice Ruiz Moya.

Los graves daños estructurales que sufren los citados edificios, ubicados a pocos metros de la playa de La Concha es lo que ha llevado a esta situación. El problema se detectó cuando una de las dos comunidades de vecinos, precisamente la del número 3, solicitó permiso para acondicionar el edificio y los técnicos notaron que había fisuras en los elementos estructurales. La posterior realización de catas confirmó que el hormigón de las vigas y pilares está «deshecho», como explicaba hace un par de días el alcalde.

Son dos bloques similares, construidos por el mismo promotor hace sesenta años, con un total de 30 pisos en cada inmueble, más bajos comerciales y garajes. Muchos de los pisos son segundas residencias, por lo que en estos momentos se encuentran vacíos y como especulan algunos de los vecinos que sí viven todo el año aquí, « quizás aún no se hayan enterado, pero se van a llevar un buen susto».

La primera información al respecto se puso en conocimiento de los vecinos en una carta remitida la semana pasada donde se daba aviso de que, según los técnicos, debían desalojar las viviendas en el plazo máximo de dos meses y los locales en diez días «para llevar a cabo las obras de catas, apuntalamiento y otras medidas auxiliares».

Sobre el riesgo de derrumbe, el alcalde ha aclarado que «en principio, no existe».