Castro recurre a una empresa para que elabore el Presupuesto de 2018

El equipo de gobierno de Castro Urdiales (CastroVerde) ha decidido recurrir a una empresa externa para que elabore el Presupuesto de 2018, ante la dificultad que ha tenido hasta ahora para poder aprobar en Pleno el documento económico más importante de un Ayuntamiento, y teniendo en cuenta que en el caso de este municipio el último que salió adelante fue en el año 2014, bajo el mandato del tripartito PP-PRC-Anexión a Vizcaya. Es decir, que en la presente legislatura, el equipo de gobierno (los dos primeros años CastroVerde-PSOE y ahora solamente los primeros) no ha aprobado un presupuesto y ha tenido que prorrogar el de 2014 y recurrir a modificaciones presupuestarias.

Según explicó a este periódico el concejal de Hacienda de Castro, Eduardo Amor (CastroVerde), la propuesta de recurrir a una empresa externa para la confección del documento económico parte del propio interventor municipal, «como consecuencia de las discrepancias dentro del Departamento de Intervención a la hora de ponerse de acuerdo en la elaboración del Presupuesto». «Llevamos tres años sin aprobar un Presupuesto por la falta de entendimiento de unos funcionarios y el interventor ha tomado esa decisión».

Amor detalló que la finalidad de recurrir a una empresa, en concreto, T-System, por un coste de 3.630 euros, es la de redactar el documento físico, «ya que la decisión política está tomada desde hace mucho tiempo». «Para redactar ese documento y hacer esta tarea de contabilidad, ha echado mano de una empresa porque no encuentra los recursos dentro de su departamento», aseveró el concejal de Hacienda, que no se atreve a dar plazos sobre cuándo estará listo el documento, y que recuerda que hasta el momento «hemos trabajado a base de modificaciones de crédito».

Esta decisión del equipo de gobierno no ha gustado nada a su exsocio de gobierno, el PSOE, que ayer dio a conocer el contenido de un escrito remitido al titular de la Concejalía de Hacienda y al alcalde Ángel Díaz Munío, en el que solicita a CastroVerde la «paralización» de este «despropósito» y «que se proceda a realizar la instrucción oportuna para que la persona que ostenta el puesto de la Intervención Municipal realice el trabajo que le corresponde y por el cual cobra su sueldo».

Los socialistas castreños critican que se vuelve a «consentir» por parte del equipo de gobierno la justificación de «inexistencia de medios humanos» en la Intervención Municipal para realizar trabajos «cuya función le corresponde única y exclusivamente al interventor municipal».

El PSOE recuerda que el 25 de enero de 2016, mediante Decreto de Alcaldía, se acepta aprobar el gasto de 11.156,20 euros a una empresa externa para la captación y traslado de la información al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. «Función que también le corresponde única y exclusivamente al interventor».

Además, dice que el 10 de mayo de 2016 se aprueba ampliar dicho contrato con la misma empresa por importe de 2.450 euros. El 31 de marzo de 2017 se vuelve a adjudicar a la misma empresa el contrato de servicios para la misma finalidad y por importe de 13.818,20 euros y se vuelve a repetir en 2018.

«También se da paso a contratar a la misma empresa externa la redacción de un Plan Económico-Financiero por un importe de 4.500 euros, labor que también le corresponde única y exclusivamente al interventor municipal».

Los socialistas castreños consideran que pudiera ser considerado como infracción el hecho de delegar funciones a empresas privadas que impliquen el ejercicio de autoridad. «Fiscalizar datos económicos, lo es. Además, entra dentro de la función interventora la liquidación de las cuentas y la competencia, de ambas funciones, es irrenunciable». Asimismo, recuerdan que, además de que todo lo que se está contratando externamente entra dentro de las funciones correspondientes a su puesto como Interventor, «existe el puesto de viceinterventor, con lo cual tiene los recursos suficientes para la realización de los trabajos que tiene encomendados por Ley».

El PSOE de Castro señala, además, que la nueva Ley de Contratos del Sector Público recoge como infracción al uso del contrato menor, la no justificación de la necesidad del contrato y la no acreditación de que no se tienen medios. «Este expediente de contratación no recoge ni la justificación de la necesidad del contrato, ni la acreditación de que no se tienen medios (no se puede acreditar puesto que es su función) ni consta informe del órgano de contratación motivando la necesidad, siendo el responsable de este órgano, el alcalde». Los socialistas aseguran que además de los 67.000 euros brutos de sueldo del interventor, se están cargando a las arcas 21.948 euros de trabajo que debe hacer Intervención.