«La UTE Dícido actuó de mala fe, desde el minuto uno incumplió el contrato»

En este procedimiento ejercen la acusación particular las dos empresas que formaban la Unión Temporal de Empresas (UTE), Sadisa y Emilio Bolado (aunque este viernes solo estuvo en la sala la abogada de Sadisa), que piden penas que suman 17 años de cárcel y 24 de inhabilitación para cargo público para Víctor Echevarría y Antonio Alijo, así como una indemnización de más de 1,25 millones de euros por los citados delitos, que la Fiscalía no considera probados, por lo que solicita la absolución de los acusados.

Según sostiene la acusación particular, en base al contrato, los expedáneos de Mioño y Lusa idearon el modo de «estafar» a la UTE y apropiarse ilegítimamente de más de 1,2 millones para ingresarla en las cuentas bancarias de las Juntas primero, y hacerla desaparecer de las mismas después, «en cuestión de semanas» sin que se sepa con exactitud el destino de dicha cuantía, pues el medio usado para su distracción fue, según Sadisa, la emisión y utilización «descontrolada» de numerosos cheques al portador.

La sesión de este viernes comenzó con una petición del abogado de Echevarría para que se apartase del proceso a una de las dos empresas de la UTE (Emilio Bolado), al encontrarse en concurso de acreedores y no haberse personado en la causa el administrador concursal. En ese momento, la acusación particular mostró un documento en el que el administrador concursal de Bolado se daba por informado del procedimiento y lo autorizaba. Fue entonces cuando la Sala acordó solicitar a la empresa que ratifique el contenido de dicho escrito.

Tras resolverse las cuestiones previas comenzó el interrogatorio de los acusados. Tanto Alijo como Echevarría explicaron que el acuerdo con la UTE Dícido suponía que ésta debía entregar a la firma del contrato 700.000 euros a las pedanías (350.000 a cada una) e ingresar otros 800.000 (400.000 a cada una) en una cuenta mancomunada. «Nos entregaron los 700.000 y nos dijeron que lo otros lo pagarían en 48 horas, pero nunca lo ingresaron». «Ellos (la UTE) incumplieron su parte y por eso rescindimos el contrato. Creo que pusieron en el pliego una cantidad muy grande y no sabían como dar marcha atrás», señalo Echevarría.

A preguntas de la acusación sobre por qué no devolvieron ese dinero recibido como figuraba el contrato en caso de no poder desarrollar el proyecto previsto, los acusados señalaron que los técnicos no indicaron que habría que devolver el dinero. Sobre dónde fueron a parar los 350.000 euros que cada pedanía recibió (Lusa los gastó en apenas ocho días y Mioño, en un mes), Alijo y Echevarría señalaron que se distinaron a pagar facturas y acometer inversiones, «como consta en la documentación».