«Hemos hecho lo posible por evitar el derribo del Miramar», afirma el alcalde

Pero esta posibilidad ha sido descartada por el Ayuntamiento desde el momento en que tanto Costas como el Ejecutivo regional no han mostrado sus disposición a aportar una cantidad económica para llevar a cabo la actuación. «El Ayuntamiento no tiene capacidad económica para asumir ese gasto tan elevado», señaló el regidor, al tiempo que recordó que «se le dijo a Costas que si se salvaba la instalación, se ahorraría los gastos del derribo y de la indemnización a los propietarios, que ascienden a un millón de euros».

Un día después de que el Boletín Oficial del Estado anunciara que el 13 de noviembre se procederá al levantamiento de las actas previas de ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa para la ejecución de la demolición del inmueble, el alcalde de Castro consideró que lo idóneo es que Costas hubiera permitido que el edificio pudiera seguir teniendo un uso hotelero, lo que habría generado una demanda entre el sector empresarial de la ciudad o de fuera de ella.

Tras dar por hecho que el derribo del hotel es cuestión de tiempo y que todo dependerá de si los propietarios acuden de nuevo a los tribunales para rechazar el dinero de indemnización que el Estado les ofrece, Díaz Munío hizo un repaso sobre todos los pasos que ha dado su equipo de gobierno desde que accedió a la Alcaldía en 2015 para evitar la demolición del inmueble, que en la actualidad presenta un estado importante de deterioro, sobre todo las ventanas y la fachada que da hacia el mar.

Así, el primer edil castreño recordó que en julio de 2015, el PRC de Castro presentó una moción al Pleno, que fue aprobada, en la que se instaba al Ayuntamiento a realizar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Castro para que la zona en la que se ubica el edificio tuviera un uso de utilidad pública.

Para conocer el uso que podía tener el terreno sobre el que se enclava el hotel, el Consistorio giró consulta a Costas, «pero ellos no tenían un catálogo de usos y nos dijeron que no se podía destinar a uso hostelero». Finalmente, Costas aclaró que la zona «únicamente podía tener una ocupación para actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no pudieran tener otra ubicación».

Con esa pauta, el Ayuntamiento empezó a barajar diferentes posibilidades, tomando como referencia la situación del balneario de La Concha, con cuyos representantes mantuvieron contactos desde Castro. Ahí fue cuando se supo que era necesario compensar a la familia propietario del Miramar, rehabilitar el edificio, habilitarlo como balneario y sacarlo a concurso para que una empresa se encargara de su gestión. En total, el Ayuntamiento calculó que la operación podría rondar entre uno o dos millones de euros, «algo que no podíamos afrontar»..

Fue entonces cuando surgió una propuesta del PSOE de destinarlo a centro de Formación Profesional en hostelería. El alcalde entendía que no era un uso compatible, «pero dimos la opción de que el Gobierno de Cantabria estudiara esa posibilidad y a ver si ellos eran capaces de convencer a Costas de que ése era un uso compatible. Dijeron que lo llevarían a un Consejo de Gobierno y no hemos recibido respuesta alguna, con lo que entendemos que no lo consiguieron».

Al tiempo que se descartaron estas posibilidades, el edificio se ha ido deteriorando con el paso del tiempo y debido al lugar en el que se encuentra -enclavado en la playa de Brazomar-, con lo que el Ayuntamiento requirió a Costas para que interviniese protegiendo el edificio para evitar cualquier daño personal a los usuarios del arenal pejino. «El edificio es un peligro», exclamó el alcalde, al que le preocupaba que pudiera ocurrir algo este verano. De hecho, el edificio está vallado por la parte trasera.