La Fiscalía pide 10 años de inhabilitación para el exalcalde de El Astillero por prevaricación

En mayo de 2015, el Juzgado de Instrucción número 3 de Santander acordó continuar las diligencias abiertas contra Cortina y la hermana de la funcionaria, pero sobreseyó la causa respecto de la trabajadora municipal.

El pasado 13 de septiembre este juzgado, además, determinó que los hechos imputados a ambos podían constituir delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y apropiación indebida, por lo que pedía al Ministerio Fiscal y a las acusaciones que formularan escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral.

Ahora, la Fiscalía de Cantabria en su escrito de calificación, al que ha tenido acceso Efe, considera que los hechos son constitutivos de un presunto delito continuado de prevaricación, que achaca a Carlos Cortina, y de un delito de tráfico de influencias, del que sería autora la hermana de la empleada municipal. Por lo que pide para Cortina una pena de 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y, para ella, un año de prisión y una multa de 160.000 euros.

Además, en concepto de responsabilidad civil establece que ambos deberán de forma conjunta y solidaria indemnizar al Ayuntamiento de Astillero con 98.749,96 euros.

La Fiscalía en su escrito argumenta que la acusada se prevalió de la relación cercana y de proximidad que mantenía con Carlos Cortina, gracias a su pertenencia al mismo partido político y por trabajar su hermana en el Consistorio desde hace años como persona de confianza del entonces alcalde, para conseguir las contrataciones. El Ministerio Fiscal señala que la mujer aprovechó esa relación con la finalidad de procurarse una ocupación laboral que le reportara beneficios económicos «estables y seguros» durante varios años, lo que implicó conseguir del erario público municipal un total de 98.749,96 euros, aún sin tener «cualificación profesional adecuada» en el ámbito administrativo.

A lo que la Fiscalía añade que todo se hizo sin concurrir con otras personas de forma pública para la designación y atribución de funciones y sin desempeñar«un trabajo real y efectivo» durante los meses de enero de 2007 hasta abril de 2010.

El Ministerio Público apunta que, por decisión del acusado, las contrataciones se realizaron sin soporte alguno y que la acusada giró entre los meses de enero de 2007 y abril de 2010 un total de 38 facturas por importe de 98.749,96 euros»sin otro fundamento que la voluntad de Carlos Cortina».

La Fiscalía señala además que Cortina antepuso «su interés a la finalidad de servir con objetividad los intereses municipales en perjuicio del erario público y con claro beneficio patrimonial» de la otra acusada, quien realizó gestiones, como entrevistas, organigramas y otras labores "difusas", sin competencia profesional y "sin que puedan ser estimadas económicamente" en los 98.749,96 euros que percibió.

El escrito de la Fiscalía detalla los contratos menores que se le realizaron a la acusada entre 2007 y 2010 y los importes que recibió por ellos. Y aclara que en abril de 2010 el interventor municipal detectó la irregularidad de lo que hubiera tenido que sustentarse en un procedimiento de libre concurrencia, que informó de ello y que propuso un proceso de licitación pública para desempeñar el cometido atribuido a la acusada.

Además, se indica que la acusada ha seguido siendo contratada sistemáticamente dada su vinculación con el entonces alcalde de Astillero desde junio de 2010 y durante periodos de seis meses por importe inferior a 18.000 euros, a través del sistema de libre designación y hasta 2015, cuando hubo elecciones y cambió el titular del Consistorio.