Los ediles del PSOE de Laredo pagan la multa del 'caso Tenis' e inician los trámites del derribo

Esta notificación se produce después de que la Sala impusiera el pasado mes de octubre una multa de 150 euros al alcalde de Laredo, Juan Ramón López Visitación, y a cada uno de los otros cuatro ediles del PSOE que forman parte del equipo de gobierno (Rosalina López, Jesús San Emeterio, Javier Solana y Charo Losa) por no cumplir los plazos previstos para llevar a cabo el derribo. Pese a abonar esta multa, según confirmaron a este periódico fuentes judiciales, el equipo de gobierno pejino recurrió la sanción alegando que «no es responsable del retraso, ni de negligencia alguna», y señalando a Dynamis, la empresa de ingeniería encargada de redactar el proyecto de demolición, como responsable del incumplimiento de los plazos previstos en un cronograma aprobado por el propio Ayuntamiento.

El recurso del gobierno socialista, que está aun pendiente de resolverse por parte de la Sala, fue impugnado por el vecino afectado por el exceso de construcción de la edificación, quien asegura que el Ayuntamiento de Laredo «sigue manteniendo una postura dilatoria y rebelde respecto al cumplimiento de la sentencia, con argumentos difícilmente sostenibles desde un análisis racional, lógico y jurídico».

A la espera de que se resuelvan tanto el recurso de los cinco integrantes del Gobierno pejino como la impugnación del vecino afectado, los responsables municipales han remitido un escrito a la Sala en el que dan cuenta de los trámites realizados desde diciembre hasta el pasado mes de enero con el objetivo de proceder al derribo de parte del edificio. En ese escrito, el gobierno socialista informa al tribunal de que el arquitecto municipal realizó el pasado 22 de diciembre informe de supervisión correspondiente a la segunda fase del cronograma denominada 'Redacción del informe de supervisión del proyecto', un trámite que debía estar solventado antes del pasado 10 de agosto. Asimismo, el Ayuntamiento pejino señala que el pasado 22 de enero la empresa Dynamis presentó la 'Respuesta al informe de supervisión municipal del informe de análisis estructural del proyecto de derribo de las obras ilegales en el apartahotel Tenis de Laredo', correspondiente a la tercera fase del cronograma, un trámite que se tenía que haber realizado antes del 10 de septiembre de 2017.

Antes de pasar a la cuarta fase, la de licitación, adjudicación y firma del contrato de las obras de demolición -previsto para el pasado 10 de diciembre-, el equipo de gobierno señala que «la Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 121 nos exige que la adjudicación de un contrato de obras requerirá la previa elaboración, supervisión y replanteo del correspondiente proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato». Así las cosas, el gobierno socialista ha dado un plazo de 10 días al arquitecto municipal para que emita un informe.