El equipo de gobierno de Laredo pide un «plazo flexible» para derribar el Tenis

Como ya publicó este periódico, ese requerimiento del TSJC, que ha provocado una crisis política en el seno del PSOE de Laredo, traía consigo un advertencia: «La dilación de las actuaciones supondrá la imposición automática de una nueva multa de 150 euros para cada uno de los responsables, y que se libre el testimonio antes referido, a los efectos de que el juez de guardia instruya las diligencias oportunas».

Ahora, en un recurso de 59 páginas, el Gobierno local pejino insiste en que «no ha existido ninguna demora injustificada por parte del Ayuntamiento en la ejecución de las resoluciones judiciales sobre el derribo parcial del edificio que motive una reducción de los plazos aprobados, ni ninguna medida coercitiva».

Tras replicar a la Sala asegurando que «no es correcto que el Ayuntamiento haya paralizado la ejecución durante 30 años, máxime cuanto el auto de ejecución firme data de 20 de enero de 1999», el equipo de gobierno socialista recuerda que desde 2002 hasta 2009 hubo «incumplimientos» por parte de la empresa Pentía, encargada del proyecto de demolición, y desde 2009 a 2016 el incidente de inejecución promovido por la comunidad de propietarios estuvo en la Sala sin resolución.

«Resulta incomprensible y totalmente contrario a la proporcionalidad que una demora de algo más de tres meses imputable a la empresa Dynamis (nueva redactora del proyecto de demolición), a la hora de presentar la primera fase del cronograma en 2017, tras varios requerimientos por el Ayuntamiento para su presentación, comunicados a la Sala, haya determinado la imposición de multas coercitivas a los miembros de la Junta de Gobierno».

El equipo de gobierno pejino asegura que hay muchos ayuntamientos con expedientes de derribo pendientes, «pero no todos actuamos igual, ni lo hacemos solo a golpe de requerimiento», y detalla todos los trámites seguidos por el Ayuntamiento hasta el año 2012 (cuando quedó paralizado el incidente de ejecución en el TSJC) con el fin de que «no persista una visión errónea y quede constancia de la compleja e inagotable actividad desplegada».

El Gobierno pejino señala, además, que desde la vista oral celebrada en junio de 2016 «únicamente se han producido dos incidencias, resueltas de forma durísima de modo que parece que se presume que en todos los casos de derribos los responsables de las dilaciones son los Ayuntamientos y actuando la Sala, parece ser, con el convencimiento, que nos imputa el demandante constantemente, de la existencia de una demora preconcebida, de una actitud contraria a la ejecución, cuestión carente de toda prueba y totalmente ajena a la realidad». «Si fuera así -señalan- no hubiéramos realizado una actuación tan compleja desde que adquirió firmeza el auto de ejecución de 1999».