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El equipo de gobierno de Laredo (PSOE), el PP y el PRC sumaron ayer sus votos (SSPL e IU se abstuvieron) para aprobar el proyecto de derribo parcial de Edificio Tenis (de los vuelos o terrazas de la edificación, así como de todo lo ... construido bajo cubierta por encima de la línea teórica de 45º), a pesar de que los vecinos del inmueble anunciaron el martes que promoverán acciones penales contra todo aquel que «con su firma u actuación haya tenido influencia, dado respaldo y pueda haber participado en la demolición parcial del inmueble, sin garantizar la seguridad para las personas y cosas no afectadas por el fallo judicial».
Los propios vecinos del Edificio Tenis abarrotaron el plenario pejino durante la sesión extraordinaria que se celebró ayer, y que se prolongó durante hora y media, en la que el único punto del orden del día era la aprobación del proyecto de demolición. Posteriormente, tendrá que celebrarse otra sesión más para aprobar la dotación económica, unos 3,3 millones de euros, y, al menos, otras dos más: una para aprobar la licitación de las obras y otra para dar el visto bueno a la adjudicación, según señalaron fuentes municipales.
Y todo ello después de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) concediera al equipo de gobierno un plazo de dos meses para el inicio de las obras de demolición, bajo la advertencia de que «la dilación de las actuaciones supondrá la imposición automática de una nueva multa de 150 euros para cada uno de los responsables, y que se libre el testimonio antes referido, a los efectos de que el juez de guardia instruya las diligencias oportunas».
Alejandro Abad Portavoz de IU
Rosalina López Portavoz del PSOE
El pleno de ayer arrancó, como suele ser habitual, con las intervenciones de Izquierda Unida y Sí Se puede Laredo, que a la postre se abstuvieron en la votación. El portavoz de IU, Alejandro Abad, cargó las tintas contra el exalcalde socialista de Laredo, Juan Ramón López Revuelta, que fue citado en varias ocasiones. «Aquí el culpable es el alcalde que dejó hacer esa obra. Treinta años después estamos aquí aprobando el proyecto de derribo, entre ellos sus hijos. Es una vergüenza». Abad no entiende cómo los vecinos pueden ocupar esas viviendas y criticó que se hayan tenido que enterar por la prensa de todo lo que ha acontecido en los últimos meses sobre este asunto. «El PSOE reconoce esta aberración, pero los herederos no sé si lo hacen. Quieren marear la perdiz, marearnos a todos... Esto es una mentira histórica, nunca han querido tener un presupuesto para no ejecutar el derribo y han intentado reírse de la justicia, pero cuando han visto las orejas al lobo...».
De su lado, la portavoz de SSPL, Carmen García, planteó las dudas que tiene su formación sobre que el proyecto que se aprobó ayer, redactado por la empresa Pentia («en concurso de acreedores»), cumpla con lo que marca la sentencia. «Esto lo vamos a pagar todos los vecinos de Laredo, aunque vamos a luchar porque el Ayuntamiento recupere el dinero que tiene que adelantar para ejecutar la obra», señaló, al tiempo que acusó al equipo de gobierno de «dilatar» el proceso y «utilizarnos como coartada ante el Juzgado». «Su objetivo es acabar el mandato sin empezar el derribo», apostilló.
De su lado, el portavoz del PRC, Pedro Diego, invitó al resto de concejales de la Corporación a acudir al Juzgado para denunciar las «coacciones» de los vecinos del Edificio Tenis, que advirtieron que emprenderían acciones penales contra aquellos que apoyasen la aprobación del proyecto de derribo. «Quizá aquí tocaría expropiar el Edificio Tenis, por los millones que va a costar el derribo, que quizá sean más que si se tira y se levanta de nuevo», señaló, para, a continuación, asegurar que este tema «se cargó a un alcalde por prevaricación y no sabemos si quedó algún delito por juzgar».
Desde el PP, el exalcalde Ángel Vega defendió que los informes técnicos que obran en el expediente avalan la aprobación del proyecto y recordó que, en su momento, «la Corporación aprobó la licencia de obras con informes contrarios de los técnicos». «Nos sorprende que la portavoz del PSOE hable de remodelación y no de derribo».
La edil de Obras, Rosalina López (PSOE), quiso dejar claro que la única responsable de todo esto es la promotora, «que se extralimitó», y criticó que les acusen de dilatar el proceso «cuando los equipos de gobierno anteriores no han hecho nada». «La licencia que se concedió fue totalmente legal y así lo recogen las sentencias», aseveró.
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