Los vecinos del Tenis de Laredo alertan del riesgo de derribar parte del edificio

Los vecinos del Edificio Tenis de Laredo, que debe ser demolido parcialmente de acuerdo a la sentencia firme de 16 de noviembre de 1992 y el auto firme para su ejecución de fecha 20 de enero de 1999, rompieron ayer su silencio para advertir de los riesgos que supone llevar a cabo el proyecto de demolición que ha redactado la empresa Dynamis, teniendo en cuenta, entre otras cosas, «que no hay planos del edificio», según señaló ayer el presidente de la Comunidad de Propietarios, Josu Beascoechea.

Junto a una serie de documentos en los que apoya todas sus afirmaciones, este vecino, que dice que están a la espera desde hace unos cuantos años de que se resuelva su incidente de inejecución de sentencia, asegura que «ahora mismo somos los principales perjudicados de la demolición parcial de este edificio».

Hace unos días, han presentado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) un informe redactado por un arquitecto de Laredo que «tras un análisis exhaustivo de la documentación obrante, así como del proyecto de demolición, se detectan graves deficiencias de diseño y planificación que impiden a todas luces el buen fin de la obra de derribo, comprometiendo la estabilidad del edificio tras la demolición definida y la afectación a la habitabilidad».

El presidente de la Comunidad de Propietarios del Edificio Tenis, en el que residen actualmente 70 vecinos, «un 80% de los que compraron su vivienda hace treinta años», muestra un informe del Ayuntamiento de Laredo en el que se hace referencia a una afirmación del perito judicial designado por la Sala y que señala: «los datos de que se dispone son insuficientes para garantizar una correcta demolición de todos los elementos previstos. Por lo tanto, de hacerse en base al proyecto, casi todas las reacciones de la estructura será imprevistas».

Además, Beascoechea asegura que la empresa Pentía, encargada de elaborar el primero proyecto de demolición, señaló en su momento que no existían los planos del edificio. «No los tienen ni en el Ayuntamiento, ni en el Colegio de Arquitectos... ni siquiera los tiene el constructor».

El presidente de la Comunidad de Propietarios asegura que «ahora mismo son los principales perjudicados por este derribo». Además, apunta que el exceso de las 48 terrazas que hay que derribar por sentencia, «apenas suponen veinte metros de los 6.000 que tiene la urbanización». «Hablamos de un porcentaje del 0,34% de edificación».

Este vecino, que se muestra preocupado por el futuro del edificio, asegura que cuando los propietarios compraron sus viviendas, «lo hicimos con todos los parabienes y toda la documentación en regla». Sin embargo, asegura que cuando compraron sus viviendas allá por el año 90 del siglo pasado, «nadie nos informó de que se había interpuesto una denuncia contra el constructor por irregularidades en el edificio».

Ante esta situación, el presidente de la Comunidad de Propietarios cree que la mejor solución para resolver este asunto y que los vecinos no salgan perjudicados, así como el Ayuntamiento, es que si el constructor se excedió a la hora de edificar el inmueble «que pague lo que corresponda» y en caso de que ese exceso de construcción perjudique al vecino demandante, «que se le indemnice a él con lo que le corresponda».

«Estamos hablando de que el derribo se va a prolongar durante al menos seis meses y vamos a tener que desalojar las viviendas, además de retirar nuestros enseres», afirma Beascoechea, a la espera de que el juez les dé la razón.