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El Ministerio de Fomento ha rechazado conceder el 1,5% Cultural al Gobierno de Cantabria para finalizar las obras de rehabilitación de la iglesia del Seminario Mayor de la Universidad Pontificia de Comillas. La decisión ha caído como un jarro de agua fría en ... la Administración regional y en el Ayuntamiento de Comillas, que contaban con mantener el apoyo del Ejecutivo central toda vez que gracias a ese mismo programa se habían iniciado los trabajos de restauración, y ya se ha presentado un recurso para que reconsidere su posición.
La noticia se puso ayer sobre mesa del Patronato de la Fundación Comillas, según explicó al término del mismo el concejal de Cultura del municipio, Pedro Velarde (PRC), que también adelantó que el Gobierno regional tratará de reconducir el asunto el lunes en un encuentro con el ministro Íñigo de la Serna, que estará de visita en la región.
Las obras de la iglesia del Seminario Mayor, que llevan en marcha varios años, «tendrían que ser algo prioritario», explicó el defensor del patrimonio cultural en Cantabria, Enrique Campuzano. Según este experto, «la obra de rehabilitación está prácticamente terminada, por lo que se necesitaría poco dinero para finalizarla del todo». Campuzano aseguró que solamente queda pendiente «restaurar unos lienzos, colocar sillerías en el coro y los órganos».
Hasta ahora, el proyecto de rehabilitación ha sufrido varios retrasos y no pocos escollos como consecuencia de la falta de entendimiento entre las diferentes entidades que participan en el mismo. La primera fase de las obras contaba con un presupuesto de más de 3 millones de euros, de los que 1,3 millones los aportaba la Fundación Botín, 250.000 euros la Secretaría de Estado de Cultura y el resto el Gobierno cántabro. Entonces se actuó en la estructura y la cubierta de la iglesia. Pero aún quedaba pendiente otra fase para restaurar varios elementos arquitectónicos y artísticos.
En julio de 2015, el Ministerio de Fomento anunció que financiaría con 1.959.948 euros -la mitad del coste total de la rehabilitación integral- el proyecto de recuperación de la iglesia del Seminario de la Universidad Pontificia de Comillas con cargo a los fondos que se generan para el 1,5% Cultural. El Gobierno de Cantabria aportó otros dos millones y la Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus Comillas (Saicc) adjudicó en mayo de 2016 las obras en 3,1 millones. Sin embargo, los fondos no fueron suficientes y todavía queda una parte artística.
Ahora, queda abordar la última fase para mantener y restaurar varios de los elementos arquitectónicos y artísticos. Al margen de la restauración de la iglesia, aún espera su turno el ala oeste, en la que todavía es necesario garantizar la estabilidad estructural para acometer después una recuperación integral.
El Patronato también ha dado luz verde a los trámites para acabar con el complejo puzle empresarial que el propio bipartito creó durante su anterior mandato para hacer frente al coste total de la restauración del Seminario Mayor. Aunque esta decisión tiene su germen en 2013, bajo el mandato de Ignacio Diego, el entramado societario es tan enrevesado que todos los intentos han caído en saco roto. Ahora, si todo se mantiene sobre lo previsto, la idea es que la Saicc, que es la propietaria de todos los edificios, transmita la totalidad de sus participaciones sociales directamente del Gobierno de Cantabria para abaratar los costes.
El ajuste, según se anunció en su momento, permitirá, de salida, un ahorro de 700.000 euros anuales en concepto de IVA ahora que, además, la nueva contabilidad del Banco de España exige registrar el déficit de lo que se llama financiación estructurada para abaratar los costes.
La Saicc es una de las cuatro patas que utilizó el gabinete de Revilla para financiar las obras sin que la deuda computase directamente en los libros de la Administración. El Gobierno regional solicitó un crédito al Banco Europeo de Inversiones de 30 millones, y una emisión de bonos al banco JP Morgan por otros 12 millones. La deuda la contrajo el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), que constituyó otra empresa, la Sociedad Arrendadora Comillas (SAC), a la que transfirió los 42 millones, que costaron las obras.
El patronato de la Fundación y el Gobierno justifican este proceso para «solventar las incertidumbres existentes» sobre el proyecto. Una auditoría de intervención ya alertó en 2016 sus «dudas» sobre la continuidad de la Saicc por la deuda que acumulaba con la propia Fundación, que ya atravesaba una grave situación financiera.
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