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El Tribunal de Cuentas ha emitido un acta en el que informa de la «inexistencia de supuestos constitutivos de alcance» con respecto a la denuncia realizada en diciembre de 2016 por la exalcaldesa de Cabezón de la Sal, Isabel Fernández (PSOE), que ... aseguraba haber encontrado supuestas «irregularidades económicas» en las cuentas públicas de la anterior legislatura, con el equipo de gobierno municipal PP y PRC, entre los años 2012 y 2015. El informe emitido por el Tribunal de Cuentas se basa en las deducciones que realizan los técnicos de dicha entidad, que tendrán que ser ratificadas o no por el Consejero de Cuentas. Al considerar que el anterior gobierno municipal no cometió faltas en este aspecto, el Tribunal coincide con el auto emitido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 6 de Torrelavega en mayo del año pasado, donde se aseguraba que «no ha resultado debidamente acreditada la comisión de los delitos investigados» en los más de 5.000 folios que la exalcaldesa presentó para probar dichas irregularidades.
El periplo judicial comienza a alargarse en el tiempo y ya son varias las entidades que se han pronunciado con respecto a las afirmaciones de la exalcaldesa socialista, a quien hasta ahora no le han dado la razón. Fernández realizó la denuncia sobre la gestión económica del anterior gobierno cuando era alcaldesa del municipio, hace un año y medio, y lo hizo motivada por un requerimiento realizado por el Tribunal de Cuentas en torno al gasto de 1.690.000 euros del año 2013 y detectados al margen del presupuesto. La socialista aludía además a la existencia de irregularidades en la recaudación de impuestos, la omisión o ingreso de subvenciones o la ausencia de justificación legal de los gastos derivados de los talleres de empleo, así como a movimientos bancarios injustificados.
La exalcaldesa popular, Esther Merino, justificó entonces dichos gastos con un contrato de residuos urbanos a largo plazo y el pago de diversas facturas. En el acta del 14 de febrero que ha dado a conocer el actual alcalde, Víctor Manuel Reinoso (PRC), los técnicos del Tribunal de Cuentas se basan en la jurisprudencia y existencia de actos administrativos extracontables para afirmar que «no procede la apreciación de daño material a los fondos públicos como sustento objetivo de responsabilidad contable por alcance». Con respecto a las subvenciones recibidas para los talleres de empleo, el informe señala que «dicha cuantía fue destinada a los fines para los cuales fue concedida, justificando mediante la aportación de nóminas y facturas, o documentos contables de valor probatorio equivalente». En este apartado, continúa, «se acredita así la adecuación de los gastos efectuados y la gestión de los correlativos ingresos de carácter finalista, sin que se deduzcan perjuicios a los caudales públicos».
En el informe se insiste en varios puntos en que «no hay evidencia de un menoscabo a los fondos públicos», ni con respecto a los pagos ni en referencia a los gastos bancarios que Fernández consideraba «injustificados». «No se aprecia nada extraño en las cuentas corrientes», señala el documento del Tribunal de Cuentas. Y así hasta en siete puntos. Por su parte, Fernández explicó ayer que «no he recibido dicha documentación» e insistió en que lo que ella denunció en su momento fueron «hechos, no a personas».
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