El TSJC confirma la paralización cautelar de una supuesta nave de alpacas en Ubiarco

La sentencia dictada el pasado 19 de enero por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC confirma la medida impuesta por el juez de primera instancia, tras la denuncia de Ecologistas en Acción, y reconoce como probada la especial importancia de los suelos sobre los que se asienta la construcción, así como la afectación al medio ambiente que podría producirse. Además, incide en la constatación de la tipología y magnitud de la obra, apreciable a simple vista.

En este sentido, comparte los argumentos de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 2 de Santander sobre los posibles daños irreparables para el medio ambiente de continuar la construcción; la consolidación de la nave de no aceptar la medida solicitada; y el gran coste económico de la reparación de los daños que se podrían producir en el medio físico, costero, paisajístico y ambiental.

Ecologistas en Acción Cantabria (EAC) denunció en 2017 la autorización emitida por el Ayuntamiento de Santillana para construir dicha nave, al considerar que se basaba en un fraude de ley por parte del promotor por intentar construir una vivienda sobre suelo de especial protección, en el que está expresamente prohibido.

Al respecto, el TSJC considera «contundentes» los informes emitidos por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu), en los que se reflejaban las «sospechas» respecto a la falta de adecuación de la construcción en relación a los usos permitidos por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del Ayuntamiento de Santillana del Mar.

Las partes apelantes alegaban en su recurso la «mera suposición» de que lo que se construye no es una nave ganadera, sino una vivienda, y la falta de prueba de los prejuicios de imposible reparación, entre otros argumentos que rechaza el TSJC.

Ecologistas en Acción, que ha difundido la sentencia, ha valorado de forma «negativa» la actitud del Ayuntamiento de Santillana que, en todo momento, según dice, «ha defendido el proyecto a pesar del informe del jefe de Servicio de la CROTU y del recurso presentado por EAC, cuando se autorizó la construcción de la falsa nave agropecuaria».

Por contra, valora «muy positivamente» la sentencia del TSJC, con la que, a su juicio, «se deja en evidencia las políticas urbanísticas y coartadas de trasfondo ganadero, basadas en la autorización sistemática de edificaciones, que atienen exclusivamente a intereses sectoriales o personales, sin prestar atención a criterios ambientales ni de sostenibilidad». «Estas autorizaciones se caracterizan por contravenir impunemente las propias normativas que dan sentido a estas administraciones», recalca.

Por otro lado, Ecologistas destaca el «gran valor ambiental» de toda la franja costera centro occidental de Cantabria, en la que todavía es posible encontrar enclaves alejados de las edificaciones a pie de costa, basadas en modelos urbanísticos especulativos, y con presencia de valores ambientales de enorme importancia.

«Estos enclaves ya han desaparecido en la mayor parte del resto del litoral de la Comunidad Autónoma, encontrándose esta zona en serio riesgo, dada la falta de compromiso por parte de la Administración para protegerlos adecuadamente», denuncia.

Para EAC, el Ayuntamiento de Santillana, «lejos de ser el garante de la conservación de sus recursos ambientales, se muestra completamente permisivo con estas actuaciones especulativas, asumiendo el rol de defensor de los particulares que las promueven, como así lo ha demostrado en este proceso».

Insta por último al Ayuntamiento a realizar un estudio «minucioso» de los recursos naturales contenidos en su término municipal, con el fin de determinar los valores ambientales presentes, y poder así establecer medidas de protección eficaces que aseguren su perdurabilidad en el tiempo, a la vez que se evitan situaciones como la de esta nave.

Para EAC, estos valores ambientales «son el sustento para mantener a buena parte de los negocios hosteleros, que basan su oferta en la conservación de su patrimonio ambiental».