La gestión de su exalcalde aboca a los vecinos de Noja al pago de otros 38.400 euros

En la sentencia, la jueza apunta que ninguna de las dos partes -ni el Ayuntamiento, en ese entonces bajo el gobierno del popular Jesús Díaz, ni los responsables de la empresa- discuten que se haya producido una «efectiva prestación de servicios», destaca que el hecho de que se realizara una «mera contratación verbal» y considera que existió un enriquecimiento por parte del Ayuntamiento de Noja que supuso un empobrecimiento para la empresa.

De la misma manera, la magistrada explica en el auto que «al no existir contrato alguno, no hay prueba de acuerdo sobre el precio de los trabajos», algo que «no implica indeterminación absoluta», sino solo que dicha determinación se realiza «a posteriori, lo cual se efectúa por el juzgador, en caso de discrepancia».

Ante esto, el juzgado desestima el recurso presentado por el ayuntamiento nojeño en el que solicitaba la nulidad del contrato en cuestión, pero estima parcialmente el recurso contra la resolución que acordaba la liquidación del mismo de mayo del año 2017, por lo que fija la cantidad en 38.400 euros y no impone las costas al Consistorio.

Contra la sentencia cabe interponer un recurso de apelación en el plazo de 15 días.

Con este conocido esta misma semana ya son tres los autos judiciales que en poco más de un mes cuestionan la gestión del exalcalde, Jesús Díaz, al frente del Ayuntamiento de Noja, más concretamente en la contratación administrativa.

Las dos anteriores sentencias, dictadas por el juez Luis Acayro Sánchez, hacían referencia a sendos contratos con la mercantil GIOC, uno relacionado con la remodelación de la Oficina de Turismo de Noja, por el que el Ayuntamiento ha sido condenado a pagar 14.230 euros, y otro por las obras de ampliación del colegio público Palacio, adjudicadas a través de la empresa Viviendas de Noja VPO, participada al 100% por el Consistorio y cuyo representante legal en ese momento era Díaz.

En estos dos autos precedentes, cuyos contenidos fueron elevados al despacho de la Fiscalía de Cantabria por posibles delitos de prevaricación, se pone claramente de relieve que «parece haber sido habitual» la vulneración de todos los principios básicos de la contratación administrativa realizando contratos verbales «y fraccionados deliberadamente, sin consignación previa».

Estas dos decisiones judiciales, que señalan presuntos delitos cometidos por Díaz, se producen tras la recomendación del Consejo de Estado de proceder a incoar expediente al exalcalde y actual concejal del PP por al menos otros cuatro contratos adjudicados a dedo y lesivos para el interés público y general.

En las consideraciones previas a este dictamen, este órgano plantea que «este es el cuarto expediente de revisión de oficio de actos de adjudicación relativos a contratos suscrito por el Ayuntamiento de Noja que se recibe en este Consejo de Estado», y añade que «todos se adjudicaron en la misma época y todos han resultado lesivos para el interés público y los intereses generales».

A Díaz se le han imputado, además, otros presuntos delitos de prevaricación, malversación y contra las garantías institucionales. El más conocido es el proceso judicial por el que tuvo declarar en una primera fase el 28 de junio por posibles delitos que habría cometido durante su etapa como alcalde entre 2009 y 2013.