El Gobierno reclama al Ministerio que resuelva el pleito judicial del subfluvial

La vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, aseguró ayer en el Parlamento de Cantabria que reclamará al Ministerio de Medio Ambiente que «articule todos los mecanismos posibles para resolver el conflicto judicial que mantiene paralizadas desde hace más de un año las obras del subfluvial Santoña-Laredo con el fin de que se reanuden y finalicen cuanto antes».

La socialista, en respuesta a una pregunta del diputado del Grupo Mixto Juan Ramón Carrancio sobre el parón de este proyecto, explicó que confía en que en la reunión que mantendrá el próximo 2 de marzo con la ministra del ramo, Isabel García Tejerina, «pueda recibir una contestación a la pregunta que nos hacemos todos: ¿Cuándo se van a retomar las obras?» Y es que, lamentó, «nadie nos han dicho absolutamente nada al respecto». Díaz Tezanos insistió en que desde el Ejecutivo regional se va a exigir al Gobierno del PP que «actúe y que resuelva este entuerto porque es el promotor de las obras. Es el que tiene la última palabra y los medios e instrumentos necesarios para solucionarlo». Más si cabe, remarcó, porque «es una obra de interés general y sobre todo, necesaria para poder culminar el saneamiento de las marismas de Santoña y de los municipios de la margen derecha del Asón». En la petición incluirá que, cuando se reanuden los trabajos, «se adopten todos los medios posibles para reducir a la mínima expresión las molestias e injerencias que ha habido hasta el momento». Y es que durante el desarrollo de los mismos los vecinos del entorno han sufrido ruidos constantes día y noche.

La vicepresidenta advirtió de que si el Ministerio opta por esperar a que los tribunales resuelvan el contrato y se adjudique a una nueva empresa, «la espera va a ser larga y los daños ambientales cuantiosos, y en estos momentos incalculables». Por ello, abogó por una salida «pactada y acordada» entre las partes en conflicto que permita reanudar las obras «pronto, aunque no parece lo más probable». En su alocución criticó el «silencio total y absoluto» que ha mantenido durante 14 meses el Ministerio, a pesar de los numerosos requerimientos de información. De hecho, anunció que seis horas antes de que se iniciará la sesión parlamentaria recibió un correo electrónico del Ministerio de Medio Ambiente informando al Ejecutivo en idénticos términos al comunicado difundido a principios de febrero por la empresa pública Tragsa, contratista principal de las obras del colector y del que, dijo, tuvo conocimiento a través de los medios

En la carta, explicó la socialista, se señala que Tragsa y el Ministerio están trabajando en una solución «definitiva y de garantía» para finalizar las obras del túnel del subfluvial paralizadas por «los problemas técnicos planteados por la UTE subcontratista, constituida por Acciona Infraestructuras y la empresa constructora Ascán, y el posterior procedimiento judicial interpuesto por ésta solicitando la resolución del contrato o la modificación del mismo en una cantidad económica que supera el presupuesto inicial de la obra». Por su parte, Tragsa no sólo se ha opuesto a la demanda de la UTE, sino que ha solicitado en el mismo juzgado la resolución del contrato y la correspondiente indemnización.

Actualmente, de los 1400 metros del subfluvial, «solo se han ejecutado 275 metros» porque la «UTE no ha logrado una solución que permita el necesario reemplazo de las cuchillas de la cabeza de la tuneladora para proseguir los trabajos de perforación en el fondo del mar, tal y como preveía el desarrollo del proyecto». La vicepresidenta sostuvo que el Gobierno reclamará la conclusión de esta obra «con todos los medios a su alcance, incluidos los jurídicos y judiciales si llegase el caso».