Problemas «técnicos y jurídicos» paralizan la gran obra para sanear las Marismas de Santoña

El grupo Tragsa, contratista principal de las obras, ha dado un paso al frente para explicar que la paralización, desde diciembre de 2016, de los trabajos de perforación del túnel del subfluvial se debe a problemas «técnicos» y «jurídicos» planteados por la entidad adjudicataria de las obras y responsable final de la construcción, la UTE constituida por las empresas ‘Acciona Infraestructuras’ y ‘Ascán Empresa Constructora y de Gestión’. Al mismo tiempo, Tragsa y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente, aseguran estar trabajando en una solución «definitiva» que pasa por estudiar «otras alternativas» para culminar esta actuación enmarcada dentro del Plan de Saneamiento de las Marismas de Santoña.

Actualmente, la UTE –encabezada en un 70 % por Acciona y por Ascán– tiene pendiente la ejecución de 1.200 metros de perforación del túnel para dar cumplimiento al contrato suscrito. Las obras del subfluvial se iniciaron a comienzos de 2016 y fue en diciembre de ese mismo año cuando saltaron las alarmas al entrar las máquinas y la tuneladora en una inactividad absoluta. Ahora, más de un año después, se señala que el parón está relacionado, por un lado con aspectos técnicos. Tragsa explica que la UTE no ha logrado una solución que permita el necesario reemplazo de los elementos de corte que requiere la tuneladora para proseguir los trabajos de perforación en el fondo del mar, tal y como preveía el desarrollo del proyecto.

Y, por otro lado, en cuanto a las razones jurídicas, la UTE interpuso una demanda en mayo de 2017 contra Tragsa, solicitando la resolución del contrato o la modificación del mismo en una cantidad económica que supera el presupuesto inicial de la obra. En este sentido, Tragsa no solo se ha opuesto a la demanda de la UTE sino que, por su parte, ha solicitado en el mismo juzgado de primera instancia de Madrid la resolución del contrato y la correspondiente indemnización.

La compañía pública considera que la parada de la tuneladora que impide ahora continuar con los trabajos es una responsabilidad «única» de la UTE y de la forma en que se ha ejecutado la perforación, «lo que ha imposibilitado el cambio pertinente de cuchillas», provocando en definitiva, según Tragsa, el incumplimiento de las obligaciones contractuales. Dada la complejidad del procedimiento judicial, Tragsa subraya que está trabajando en coordinación con el Ministerio para estudiar la viabilidad, en las condiciones actuales, de continuar con el proyecto técnico planteado y, en su caso, analizar otras alternativas que permitan culminar la actuación.

Tragsa recuerda que la licitación, establecida inicialmente en 9,7 millones de euros, tuvo en consideración, en el momento de su adjudicación, la capacidad técnica y experiencia de gestión en este tipo de proyectos acreditada por la oferta ganadora. De hecho, sostiene que, «la UTE aportó las garantías solicitadas en los pliegos administrativos y técnicos correspondientes para llevar a cabo las obras y obtuvo finalmente la mejor puntuación en el proceso de licitación pese a que no era la oferta más barata de las que se presentaron».