El Ministerio demolerá la vieja fábrica de Simsa y recuperará 20 hectáreas para el pueblo de Pontejos

Han pasado siete años desde que los representantes de los vecinos lanzaron aquella voz de alarma y por fin hay avances. La delegada del Gobierno, Eugenia Gómez de Diego, confirmó ayer la intención del Ministerio de Transición Ecológica de acometer el desmantelamiento del complejo y su recuperación medioambiental con el objetivo de ponerlo a disposición de los vecinos de Pontejos. De las 20 hectáreas de la concesión de terrenos de dominio público marítimo-terrestre que logró la compañía hace un siglo y de los 85.000 metros cuadrados que aún están ocupadas por construcciones industriales en estado ruinoso.

Se hará, pero no de manera inmediata. Por ahora, lo que ha hecho el Gobierno central, a través de la Demarcación de Costas, es licitar la redacción del proyecto de demolición de las estructuras existentes y la retirada de residuos, así como la caracterización de suelos y aguas para determinar el alcance de una posible contaminación derivada de las actividades fabriles históricas. Esto incluye trabajos técnicos como topografía, geotecnia y un plan de muestreo que permita analizar el nivel de contaminación. El contrato cuenta con un presupuesto de 44.038 euros y un plazo de ejecución de seis meses. A partir de ahí, habrá que licitar la obra y será cuando entren las máquinas, como pronto, a finales del año que viene. Será ya en una segunda fase cuando se definirán los nuevos usos. Lo que es seguro es que este espacio se destinará «al uso y disfrute de los ciudadanos».

¿Qué proponen desde el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo? «Soy bastante humilde en mi reivindicación: me conformo con que sea un espacio natural donde pasear, hacer deporte, disfrutar del entorno. No busco grandes infraestructuras, sino un lugar digno y natural», explicaba ayer el alcalde, Pedro Pérez Ferradas, que no es partidario de levantar grandes obras públicas que después costará mucho dinero y esfuerzo mantener. Además, existe otro condicionante: las limitaciones legales por ser terrenos afectados por la Ley de Costas.

Gómez de Diego reconocía sobre el terreno que este contrato es «un primer paso», pero que demuestra que el Ministerio es sensible a una reivindicación en la que viene insistiendo el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo. Para llegar a este punto, la Dirección General de la Costa y el Mar ha tenido que hacer frente a una batalla judicial que arrancó en 2018, cuando declaró la caducidad de la concesión y ordenó el levantamiento de las instalaciones, lo que fue recurrido por la empresa Simsa. No tuvo éxito porque la Audiencia Nacional desestimó el recurso en sentencia de mayo de 2022, confirmada como firme tras la inadmisión del recurso de casación por parte del Tribunal Supremo en febrero de 2023.

Ante la falta de cumplimiento por parte de la empresa –que no presentó el proyecto de demolición ni depositó la fianza de 872.835 euros exigida–, el alcalde de Marina de Cudeyo solicitó al Gobierno la ejecución subsidiaria. Es decir, que el Ministerio enviará la factura a Simsa y tratará de recuperar el dinero tras proceder a la demolición.

En el pasado, ya se hicieron algunas intervenciones puntuales y de urgencia. En 2014, las viejas instalaciones de la factoría comenzaron a ser desmanteladas por el peligro que suponían sus canalizaciones de gas, pero se quedó en eso. El grueso de los edificios, continuaron su degradación. Y también continuaron los actos de pillaje, vandalismo y la presencia de okupas.

La fábrica, que se inauguró en 1963, cerró sus puertas en 2007 al fracasar el proyecto de ubicar en el solar la planta de biodiésel Gebiosa. Un proyecto fallido que, en su día, fue calificado por el entonces consejero de Industria, Javier del Olmo, como «un intento de Simsa de especular con los terrenos» en una ubicación privilegiada. Tanto es así que, en sede parlamentaria, se aportaron hasta las cifras de lo que hubiera supuesto la operación especulativa: «unos 50 millones de euros».

Ahora –en unos años–, estos terrenos pasarán a ser de dominio público para el disfrute de todos los vecinos. «El Gobierno de España da un paso firme y tangible para la recuperación ambiental de un espacio degradado durante décadas, que volverá a integrarse en el entorno natural del municipio y del litoral cántabro», concluyó la delegada.