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La presidenta de la Junta Vecinal de Pontejos se hace eco de las denuncias vecinales. Daniel Pedriza
Pontejos pide una solución inmediata al problema de «inseguridad» en Simsa

Pontejos pide una solución inmediata al problema de «inseguridad» en Simsa

La Policía Local atiende llamadas por ocupación, actos de pillaje, botellón, incendios o vandalismo «continuamente» y la Junta Vecinal alerta del riesgo de accidentes

Elena Tresgallo

Pontejos

Domingo, 20 de mayo 2018, 08:16

Pasear por las antiguas instalaciones de la Sociedad Ibérica de Molturación (Simsa) en Pontejos es lo más parecido al escenario de un bombardeo. Una peligrosa aventura que reúne cada semana a muchos jóvenes para practicar botellón o deportes de riesgo, atraídos por la privacidad de las instalaciones abandonadas a su suerte. No son los únicos 'okupas', también entran los curiosos y los amigos de lo ajeno por la ausencia de perímetro de seguridad. Esta semana, la Junta Vecinal de Pontejos alertaba del peligro y presentaba un escrito ante el Ayuntamiento y la Demarcación de Costas instando una solución.

«Las actuaciones e informes de la Policía Local de Marina de Cudeyo son continuas en lo que a temas de seguridad se refiere a un actual y extremo riesgo de derrumbe, al haber sufrido los edificios daños irreversibles en sus estructuras», refleja el escrito presentado esta semana por la presidenta de la Junta Vecinal de Pontejos, Cristina Gómez Bedia, ante el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo a Demarcación de Costas y a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar. Según la descripción que se hace, basada en los propios informes policiales y las denuncias vecinales, «los edificios han sufrido daños irreversibles en sus estructuras, faltando vigas madre del soporte estructural básico, además del riesgo que, en su conjunto, supone para viandantes y personas que acceden al recinto», alertan.

En su reclamación y denuncia -que no es la única porque hay un segundo escrito presentado por una comunidad de vecinos cercana a las instalaciones- la junta vecinal exige a estas administraciones implicadas que tomen las medidas que hagan falta «en materia de salubridad y seguridad», así como los trámites necesarios para que el Consejo de Estado emita dictamen y resuelva el expediente de caducidad de la concesión de explotación de los terrenos. Se trata, en este último caso, de resolver el litigio de la antigua Simsa que reclamaba que la concesión de las 20 hectáreas que ocupan las instalaciones eran suyas a «perpetuidad». No obstante, la entrada en vigor de la Ley de Costas redujo ese periodo a 30 años que expiraría «en julio» de este mismo año, pasando la propiedad a Costas que, supuestamente -si la empresa no se hace cargo de limpiar el terreno y demoler las instalaciones- sería quien lo tendría que ejecutar «de forma subsidiaria», adelantando para ello una cantidad millonaria. A la par, existe un expediente municipal de declaración de ruina de las instalaciones que está «paralizado», en tanto en cuanto no resuelva el Consejo de Estado.

Los informes alertan del peligro, ya que los vándalos se han llevado los pilares de hierro

En 2014, las viejas instalaciones de la factoría dedicada a la transformación de Soja comenzaron a ser desmanteladas por el peligro que suponían sus canalizaciones de gas, pero solo se quedó en eso dejando las ruinas allí, por lo que continuaron los actos de pillaje y vandalismo. La fábrica, que se inauguró en 1963, cerró sus puertas en 2007 al fracasar el proyecto de ubicar en el solar la planta de biodiésel Gebiosa. Un proyecto fallido que, en su día, fue calificado por el propio consejero de Industria -entonces Javier del Olmo- como «un intento de Simsa de especular con los terrenos», en una ubicación privilegiada. Tanto es así que -en sede parlamentaria- se aportaron hasta las cifras de lo que hubiera supuesto la operación especulativa: «unos 50 millones de euros».

La Junta Vecinal reclama ahora que se resuelva el expediente de ruina y se haga cumplir la ordenanza municipal reguladora del Informe de Evaluación de Edificios que, entre otros aspectos, contempla las condiciones «mínimas de seguridad estructural» de las construcciones (en Simsa las vigas madre han desaparecido); la salubridad, de forma que no se atente contra la higiene (se tiene constancia de la presencia de amianto); accesibilidad (las instalaciones carecen de perímetro de seguridad porque se lo han llevado), además de otros conceptos como el mantenimiento inexistente.

Mientras las soluciones llegan el peligro sigue ahí, latente, y la postal de entrada al pueblo de Pontejos es una fábrica destartalada.

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