Amparo Pérez deberá abandonar su casa el 4 de agosto

Amparo Pérez tendrá que dejar su casa el 4 de agosto, día que ha fijado el Ayuntamiento de Santander para ocupar los terrenos de la vaguada de Las Llamas donde va a construir el vial que conectará Camilo Alonso Vega con la S-20. La cántabra, de 86 años, tiene 15 días para desalojar su vivienda.

Así figura en la notificación del expediente de expropiación forzosa, firmada por el alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, que ha publicado el consistorio este jueves en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), ya que ha sido imposible notificar esta resolución a la interesada en su domicilio.

El pasado 27 de junio, esta anciana se negó a firmar el acta de ocupación. La mujer estuvo arropada por numerosos integrantes y simpatizantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), quienes denunciaron "oscuros intereses" en la construcción de este vial "absolutamente innecesario", y acusaron al alcalde de Santander, Iñigo de la serna, de ser "quien va a desahuciar" a la mujer. Incluso se creó la plataforma #AmparoSeQueda integrada por miembros de la PAH, particulares y colectivos.

Por su parte, el Consistorio dice que sigue "un proceso perfectamente reglado". "En ningún momento se han recibido alegaciones, sugerencias o comentarios al respecto", ni por la propietaria de la vivienda, ni por la PAH. "Al igual que en el resto de los casos, la propietaria ha sido indemnizada con el valor tasado para la vivienda y el resto de bienes afectados", añade.

En la última notificación se señala que, como ya se ha puesto en conocimiento de la interesada en diversas ocasiones, el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa acordó el 6 de febrero el justo precio de la finca y vivienda propiedad de Amparo Pérez y otra mujer, afectadas por la expropiación forzosa para la ejecución del vial, cuya aprobación definitiva tuvo lugar por acuerdo de la Junta de Gobierno Local el 16 de octubre de 2012.

Posteriormente, y en cumplimiento de la Ley de Expropiación Forzosa, al rechazarse por las expropiadas tanto la vivienda de realojo ofrecida por el Ayuntamiento como el justiprecio fijado por el Jurado Provincial, éste se hizo efectivo mediante su ingreso en la Caja General de Depósitos el 10 de junio. Para la PAH es "una vergüenza" los 79.000 euros de justiprecio por una vivienda de 90 metros cuadrados y una finca de 374.

Convocadas las expropiadas al levantamiento del acta de ocupación el 27 de junio, solo acudió al acto Amparo Pérez, que se negó a firmar.