El Defensor del Pueblo exige que la senda costera tenga un "impacto mínimo"

El Defensor del Pueblo ha solicitado a las tres administraciones implicadas (Ayuntamiento de Santander,Gobierno de Cantabria y Gobierno de España) a «asegurarse» de que las obras de la senda costera de Santander «se realicen con el mínimo impacto paisajístico y manteniendo los principales atractivos del recorrido». Además, ha solicitado información adicional sobre el coste del proyecto y la naturaleza de la obra para conocer si se trata o no de una actuación considerada como de interés general.

El Defensor ha respondido así a la denuncia presentada por un miembro de la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte de Santander, opuesta a unas actuaciones que considera invasivas y que se encuentran actualmente paralizadas. Las tres administraciones (Ministerio de Agricultura, Consejería de MedioAmbiente y Ayuntamiento de Santander) se señalan recíprocamente en la información remitida al Defensor, en la que se reconoce que las obras ejecutadas «generan cierto impacto sobre el paisaje» que «podría haber sido minimizado».

Medio Ambiente argumenta que la paralización de los trabajos ha impedido «verificar el resultado final de las obras», pero reconoce a continuación que algunas de las actuaciones «difieren» de las acordadas y suponen un «impacto significativo». Según señala en la información remitida, se pasó de un planteamiento de vallado puntual de las zonas más peligrosas a una valla continua con postes muy cercanos entre sí, con gran impacto visual.

El Defensor del Pueblo recuerda además a las administraciones que el hecho de que «el proyecto no estuviera sometido a evaluación de impacto ambiental reglada no excluye la realización de un análisis impacto en el entorno, especialmente en una zona agreste de alto valor paisajístico». En esta línea, alude a la Ley de Costas y al Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral de Cantabria para insistir en que las intervenciones debían haberse limitado a lo «estrictamente» imprescindibles, e insta a la Consejería a que se «asegure» de que, una vez reiniciadas las obras, «se realicen con el mínimo impacto paisajístico». Especialmente cuando esta propia institución ha reconocido que podían haber sido menos invasivas.

El documento añade que no se ha informado «sobre el coste del proyecto, que los ciudadanos califican como desproporcionado», por lo que se ha solicitado «una ampliación de la información a las tres administraciones públicas intervinientes». «Tan pronto se reciben las respuestas se le dará cuenta de su contenido, así como de las actuaciones que procedan».

La Asamblea en Defensa de la Senda ha hecho suyo en informe, que atiende la denuncia presentada por uno de sus miembros. Se muestra «estupefacta» por las consideraciones del Ejecutivo autonómico cuando, en su opinión, «los daños son más que evidentes sin haber llegado a finalizarse las obras», e insiste en que el Ayuntamiento «no puede continuar con el discurso de que no es responsable de lo ocurrido, ya que recibió copia del proyecto y jugó un papel importante con las expropiaciones».

«Muchas de las acciones llevadas a cabo ya son irreversibles, puesto que se han partido rocas y zonas de acantilado», denuncia la asamblea, decidida a impedir «la creación de un campo de golf y más estructuras previstas en el proyecto del Parque Litoral Norte».

Desencuentros

Los trabajos de construcción de la nueva senda costera entre Cabo Mayor y la Virgen del Mar arrancaron a principios del año pasado en medio de una fuerte oposición vecinal, sobre todo en Cueto y Monte. En octubre, cuando después de unos diez meses de actuaciones la senda estaba cerca de terminarse, se paralizaron unas obras licitadas en 1,9 millones y que finalmente se adjudicaron por 980.000.