Podemos pide explicaciones en el Congreso sobre la senda costera

La diputada cántabra de Podemos Cantabria, Rosana Alonso, ha registrado en el Congreso una batería de preguntas sobre el proyecto de construcción de Senda Peatonal entre el Faro de Cabo Mayor hasta la Virgen del Mar que ha sido rescindido y liquidado. La diputada ha llevado hasta Madrid las peticiones de la Asamblea en Defensa de la Senda Costera, que hace solo unos días que anunció que iniciaría nuevas acciones de visibilización, para que no caiga en el olvido el proyecto, que fue paralizado hace ya un año y medio.

Alonso cree que «nos deben muchas explicaciones a toda la ciudadanía del desarrollo de un proyecto fuertemente rechazado por la sociedad y que ha causado un daño medioambienta que hay que revertir. Además del desembolso económico que ha supuesto».

La portavoz de Podemos recordó que el proyecto licitado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente era de 1.968.635,20 euros y fue adjudicado finalmente a la empresa Dragados y Construcciones por un importe de 978.608,55. El contrato, finalmente, se rescindió, pero el gasto final ascendió, según sus datos a 591.979,18 euros por certificaciones de obra y 43.050,74 en concepto de liquidación final. Por este motivo, Podemos quiere saber si en el desglose final de inversión está recogido el coste de las expropiaciones que se llevaron a cabo y cuál ha sido el importe de éstas. Además, ha preguntado al Ministerio si ha recurrido la empresa constructora la liquidación final y si esa liquidación es definitiva.

Daño causado

Esta formación quiere valorar, por otro lado, «el daño medioambiental causado» y ha registrado varias preguntas al respecto. Ante el reciente anuncio de que habrá un nuevo proyecto, en torno al cual el Ministerio quiere concitar el mayor consenso posible, la diputada se interesa por si éste va a recoger «como prioridad la reversión del daño medioambiental y paisajístico causado por la obra». Además, quiere saber quién redactará el nuevo proyecto, si correrá a cargo de los técnicos del Ministerio o si, por el contrario, se licitará a una empresa externa y, si fuese este último caso, cuáles serán los criterios de adjudicación y con que presupuesto contará.

El partido morado también aborda las responsabilidades sobre la ejecución de este proyecto y su posterior rescisión y, por ello, pregunta si el ministerio tiene pensado pedir responsabilidades por la ejecución de este proyecto «duramente criticado por la ciudadanía».

Por último, se centra también en las leyes y planes del Gobierno de Cantabria sobre el territorio en el que se desarrolla esta obra y por ello pide que se le informe sobre si el nuevo proyecto recogerá el Plan de Ordenación del Litoral (POL) creado en el marco de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.