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Juan Carlos Flores-Gispert
Miércoles, 27 de abril 2016, 07:20
«Hay numerosas irregularidades en dos de las promociones de viviendas protegidas de la Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS), la empresa pública del Ayuntamiento de Santander». Lo afirmó ayer el partido Santander Sí Puede a través de su portavoz Roberto Mazorra que explicó que «la lista de anomalías detectadas en las promociones de General Dávila y Peñacastillo Sur va desde faltas en la terminación y diferencias con las memorias de calidades a desperfectos de todo tipo». Además, Santander Sí Puede ha encontrado «un posible trato de favor en el caso de la promoción de General Dávila, bajo la forma de venta de locales a las constructoras de la obra para transformarlos en viviendas, lo cual podría originar plusvalías ilícitas a medio o largo plazo, con la posibilidad de incrementar el precio de las mismas en un 50% más que si fueran locales».
Mazorra, consejero en la SVS, considera que «una gran parte de las promociones llevadas a cabo hasta el momento podrían estar conculcando principios básicos del derecho, además del cobro indebido de los tipos de IVA, porque la SVS es una empresa pública que actúa como un promotor privado y con ánimo de lucro».
A finales de 2015, explica Mazorra, «afectados de varias promociones de la SVS se pusieron en contacto con Santander Sí Puede e inmediatamente comuniqué las irregularidades al Consejo de la SVS en reuniones del 21 de septiembre y el 13 de octubre de 2015». Según Mazorra «hasta el momento no he tenido noticias sobre alguna actuación de la SVS y hay defectos graves en chimeneas, sumideros, cubiertas y paramentos, contadores, aislamientos, tuberías, fachadas, escaleras, ascensores, muros, evacuación de agua, cámaras bufa, ventilación, puentes térmicos, pavimento y pintura, valorados en 700.000 euros».
Respuesta del PP
A las críticas de Mazorra, respondió el edil de Infraestructuras, César Díaz: «Las acusaciones son absolutamente falsas.Se ha cumplido escrupulosamente con los pliegos de licitación del edificio en General Dávila, en virtud de los cuales la empresa tenía la obligación de adquirir el bajo comercial como parte del importe de las obras del nuevo edificio y que, en ningún caso, la SVS ha considerado que se puedan habilitar viviendas. Y así se lo hemos dado a conocer a Mazorra». En cuanto a las reclamaciones efectuadas por una de las comunidades de propietarios «ya se ha trasladado la resolución de las mismas tanto al juzgado como al técnico contratado por la comunidad, sin perjuicio de que un perito judicial determine el cumplimiento definitivo de lo acordado o la necesidad de llevar a cabo nuevos trabajos en el edificio».
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