Cantabria recurre ante la Audiencia Nacional los diques de La Magdalena

La Consejería de Medio Rural ha planteado este recurso contencioso-administrativo después de que el Estado rechazase anular a petición de Cantabria la resolución por la que se aprobó el proyecto de estabilización de las playas. ¿Traducido? Pide a la Audiencia Nacional, al ser el órgano apropiado por tratarse de una disposición de un ministerio, que anule todos los pasos dados hasta la fecha y ponga el contador a cero, lo que obligaría a empezar de nuevo toda la tramitación administrativa. Desde Medio Rural, departamento dirigido por Jesús Oria, declinaron ayer pronunciarse al respecto.

El Ejecutivo regional fundamenta su escrito en que no «se ha hecho el estudio específico de las afecciones a la Red Natura 2000». El recurso se sustenta en un demoledor informe firmado por el director general de Medio Natural, Antonio Lucio, y el jefe del Servicio de Conservación de la Naturaleza General, Ángel Serdio, sobre la declaración de impacto ambiental que avala la construcción de dos diques.

Los dos técnicos se quejan de que Costas no realizó ninguno de los estudios aconsejados por su consejería desde 2011 para garantizar que las construcciones no causen estragos en el litoral más próximo. Pero además dieron un tirón de orejas al Ministerio, autor del informe positivo e impacto ambiental, al revelar que se basó en un trabajo realizado hace 25 años por la Universidad de Cantabria (Diseño de la canal de navegación del puerto de Santander) para un caso «sin relación directa» con los espigones en cuestión.

Según recordó Lucio, cuando Costas remitió en junio de 2013 el estudio de impacto ambiental para su valoración, no había incluido ni una sola de las peticiones formuladas por la Administración cántabra. El informe refería que el proyecto tendría un impacto negativo poco significativo sobre las dunas de El Puntal y el estuario del Miera y recomendaba una serie de medidas preventivas para minimizar los efectos. Todo ello usando «un trabajo realizado por la Universidad de Cantabria en 1991» que concluía que los diques no modificarían «el prisma de marea de la Bahía de Santander, ni las condiciones de corrientes de llenante y vaciante de la zona».

Lo cierto es que el recurso planteado por el Gobierno de Cantabria no hace otra cosa que agrandar la brecha entre el Ejecutivo y el consistorio de la capital cántabra, en manos del popular Íñigo de la Serna, justo cuando acaba de cerrarse otro conflicto que se ha prolongado varios meses por la futura ubicación del Museo de Prehistoria de Cantabria, Mupac, que finalmente se quedará en Santander.

Posible pérdida de ayudas

La formalización del recurso contra la construcción de los diques ante el tribunal puede suponer la suspensión de la actuación y por tanto la pérdida de la consignación presupuestaria. Unos 2,2 millones de euros que asumiría el Ministerio de Medio Ambiente, cuya Secretaría de Estado ya dio su conformidad al proyecto en febrero al aprobar el informe de impacto medio ambiental.

Medio Ambiente había previsto el diseño de dos arenales independientes «de suficiente anchura de playa seca». Esta alternativa consistiría en levantar tres espigones. El primero, de 130 metros, con una extensión en diagonal de otros 65 metros, se situaría frente al Balneario de La Magdalena. Los otros dos estarán en San Martín: uno, exterior, seguiría la alineación del muelle del Promontorio, mientras que el otro iría perpendicular al oleaje. El área entre los dos muros de San Martín se rellenaría, con lo que se conseguiría una superficie adicional de 2.450 metros. A estas plataformas se suma un dique sumergido en la playa de Los Peligros, que arrancaría en el punto de unión de las dos estructuras de San Martín. Un dragado paralelo supondrá mover toneladas de metros de arena.

El Ministerio sacó el pasado 3 de marzo el proyecto de licitación de la obra de estabilización del sistema de las playas de La Magdalena-Los Peligros por 2,1 millones de euros y un plazo de ejecución de siete meses.

Defensa del Ministerio

Medio Ambiente defiende que el procedimiento seguido para aprobar la evaluación de impacto ambiental del proyecto es correcto, toda vez que se solicitaron informes y estudios a diversas administraciones y organismos que descartaron que las dunas de El Puntal y el estuario del Miera, ambos reconocidos como Lugares de Interés Comunitario (LIC), vayan a verse afectados por la obra proyectada.

La firmante del oficio es la directora general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Raquel Orts, quien señala que los estudios hidrodinámicos incluidos en el plan (el realizado por el Instituto de Hidráulica en 2006 y los específicos efectuados por el proyectista sobre dinámica litoral y clima marítimo) concluyen que «la actuación propuesta no tiene efectos fuera de la unidad fisiográfica para el sistema de playas. Las modificaciones de la dinámica se circunscriben al ámbito de las playas objeto de actuación y no tienen efectos más allá». Añade que todos los estudios señalan que las corrientes de marea no penetran en la zona del proyecto, por lo que la modificación de la geometría de la zona no provoca cambios en la onda de marea.

Medio Ambiente alude de nuevo al análisis encargado ex profeso al Cedex (el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas), que consideró que no eran necesarios análisis adicionales como los solicitados en su día por el Gobierno de Cantabria, ya que el Plan Director de la Autoridad Portuaria de Santander no espera que «la dinámica mareal se vea afectada» por las estructuras que se construirán.

La Dirección General citada apunta también que, en todo caso, la declaración de impacto ambiental incluye medidas preventivas.