Sólo en tres de las calles con ascensores y rampas hay cámaras de vigilancia activas

Las cámaras que vigilan las rampas y escaleras mecánicas de la calle de Eulalio Ferrer no pudieron grabar a los vándalos que causaron destrozos en ellas porque no funcionan. Y no lo harán hasta que la Comisión de Garantías de Videovigilancia de la Delegación del Gobierno lo autorice. Y no dará la autorización hasta tanto el Ayuntamiento no se lo pida. Y no lo ha hecho porque tiene el expediente en tramitación.

La última reunión de esta comisión que da el visto bueno a que se grabe a los ciudadanos caminando por las calles fue el 9 de junio pasado. Y, como se informó desde la Delegación del Gobierno, no hay petición alguna del Ayuntamiento de Santander para poner en marcha las cámaras. La norma es, se explicó, que en cuanto se registran peticiones de este tipo, resolverlas en el plazo máximo de dos meses, procediendo a autorizar o no la puesta en marcha de las cámaras. La citada Comisión de Videovigilancia, que preside el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Luis López del Moral, se reúne una vez al trimestre.

El Ayuntamiento ya explicó el pasado viernes que ha iniciado los trámites para solicitar esa autorización, pero lo hace con cierto retraso puesto que las escaleras y rampas mecánicas de la calle de Eulalio Ferrer funciona desde abril del año 2015. La instalación costó al erario municipal 1,3 millones de euros y los daños causados por los vándalos, al destrozar las células fotoeléctricas de las rampas, costarán 7.700 euros, que corre a cargo de la empresa concesionaria del mantenimiento, Thyssenkrup. La rampa está parada desde julio y no se pondrá de nuevo en funcionamiento hasta que la empresa suministradora no aporte las células de recambio.

La grabación de imágenes en la vía pública está regulada por la Ley Orgánica del año 1997 por la que se autoriza su uso «para la prevención de actos delictivos, la protección de las personas, y la conservación y custodia de bienes que se encuentran en situación de peligro y, especialmente, cuando las actuaciones perseguidas se suceden en espacios abiertos al público...»

Información al público

La ley establece que «el público será informado de manera clara y permanente de la existencia de videocámaras fijas, sin especificar su emplazamiento». En el caso de las rampas y escaleras de la calle de Eulalio Ferrer las cámaras son bien visibles, pues están sujetas a un mástil.

En Santander hay doscientas cámaras en las que se graban los movimientos de ciudadanos y vehículos. Hay cámaras en comercios, en bares, en garajes y en comunidades de vecinos, así como en edificios públicos y privados. Las imágenes, como deja bien claro la ley, deben ser borradas en el plazo máximo de un mes, salvo que pasen a manos de la policía.