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Violeta Santiago
Lunes, 19 de septiembre 2016, 15:59
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santander (PP) ya ha decidido que 2017 no será un año de sobresaltos económicos para los vecinos de la capital cántabra. Al contrario. Los populares manejan una propuesta de ordenanzas fiscales para el ejercicio próximo que recoge una ... bajada de impuestos que supondría un ahorro de más de 3,4 millones de euros para los bolsillos de los santanderinos. El alcalde Íñigo de la Serna ha declarado en numerosas ocasiones que la política fiscal municipal de dejar más recursos en manos de los ciudadanos «es hacer política social» porque tiene repercusión en la actividad económica y en el empleo.
Desde esta premisa, el PP se plantea, por un lado, congelar las tasas y los precios públicos. Reedita así una medida ya aplicada en 2016, tras la reducción que se había producido en 2015. Además, se propone aplicar una rebaja en la tasa del agua y alcantarillado de un 0,6%. Aunque la medida que mayor impacto tendría en el ahorro global estimado es la solicitud al Ministerio de Hacienda para que permita al Ayuntamiento recortar un 10% adicional de los valores catastrales. Es el segundo año consecutivo que se hace esta petición al ministerio que dirige Cristóbal Montoro, competente en la materia. Si al final éste autoriza la rebaja, se acumularía a la del 15% aplicada este mismo año y tendría incidencia directa sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la Plusvalía, entre otros.
El equipo de gobierno, por otro lado, tiene previsto mantener en el presupuesto municipal para 2017 todas las bonificaciones existentes de las que, en la actualidad, disfrutan 60.000 vecinos de la ciudad. Por ejemplo, las que suponen una ayuda extra a los colectivos con necesidades especiales, como la bonificación del 75% en los recibos de agua y basuras para las familias con todos los miembros en paro y para las que tienen las rentas más bajas, o la exención del pago de impuesto de vehículos para las personas con discapacidad.
Entre las novedades que contempla el Ayuntamiento para el año que viene tiene un apartado propio el área del Cabildo de Arriba, pendiente desde hace años de una reforma urbanística estructural. La bonificación diseñada es del 75% del impuesto de las obras incluidas dentro del ámbito del Área de Regeneración y Renovación Urbana (el conocido como plan ARRU). Además, no se cobrará la tasa urbanística a la hora de la construcción de las viviendas incluidas en dicha área de renovación.
Los técnicos municipales que han analizado el modelo propuesto estiman que éste tendrá su mayor impacto sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que lleva años en el centro de la polémica política en la capital, ya que a las continuas alusiones del equipo de gobierno de que el IBI baja, la oposición responde con cifras para demostrar que los recibos a pagar por los ciudadanos se incrementan. El PP calcula que si se consigue la rebaja del Ministerio de Hacienda en los valores catastrales, los santanderinos se ahorrarán 1,6 millones de euros por este concepto. Por Plusvalías, el Ayuntamiento dejaría de ingresar otros 1,3 millones, las bonificaciones del Cabildo están presupuestadas en otros 363.000 euros y la reducción global de la tasa de agua se valora en 93.000 euros.
Se da la circunstancia de que el gobierno de Íñigo de la Serna (cabeza más visible del PP en la región en la actualidad) toma esta decisión al tiempo que el Gobierno regional ha advertido de que revisará el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que se quedó casi a cero con el gabinete de Ignacio Diego. El bipartito PRC-PSOE, que ya intervino en el año 2016 el tramo autonómico del IRPF para las rentas superiores a 46.000 euros, quiere recuperar ahora la tasa de Sucesiones con el objetivo de que las herencias más cuantiosas pasen por caja. El consejero de Economía, Juan José Sota, indicó en días pasados, sin embargo, que la reforma que se está estudiando «no afectará al común de los ciudadanos». Es decir, que no alcanzará «ni a la clase media ni a la trabajadora».
Rebajas desde 2009
En el Ayuntamiento de Santander ponen el acento en que esta filosofía de rebaja fiscal se mantiene desde 2009, más o menos el año en que fue evidente que la crisis financiera y económica estaba golpeando con dureza a las familias.
Desde ese año, los residentes en Santander se habrían librado de pagar en impuestos municipales más de 33 millones en concepto de bonificaciones y rebajas de tasas, según el dato que maneja De la Serna. «Esa política fiscal -proclama el equipo del alcalde- es posible gracias a una gestión económica austera, que ha permitido alcanzar el equilibrio presupuestario manteniendo la calidad de los servicios en la ciudad».
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