El PP pacta con PRC y Ciudadanos una solución para el Plan General de Santander

Los populares, frenados en seco por el resto de formaciones en su intento por arreglar el desaguisado en la Ley de Medidas que acompañó al Presupuesto, han promovido un acuerdo con el que se aseguran la reforma de la actual Ley del Suelo y unas Normas Transitorias que den "seguridad jurídica" al urbanismo de la ciudad. Una fórmula que les da mayoría absoluta en el hemiciclo pero que no gusta nada al PSOE, socio de los regionalistas en el Gobierno y partidario de no tocar nada hasta que no se apruebe la nueva reglamentación autonómica que está elaborando por su lado.

El diputado José Manuel Igual y el concejal César Díaz han trabajado durante las últimas semanas en la Proposición de Ley que ayer presentaron en el Parlamento. Los cambios propuestos, a los que ha tenido acceso a este periódico, permitirán suspender la aplicación del Plan General de 1997 activado tras la anulación del de 2012 y establecer, en su lugar, unas normas transitorias que regularán el urbanismo del municipio durante cuatro años.

Causas

El plazo de duración de las normas podrá ser prorrogado si durante ese tiempo se produce un cambio legislativo que les afecte. Además, estas medidas sólo permitirán actuar sobre el suelo urbano, tal y como prevé la legislación estatal y que también contemplan las leyes aprobadas en muchas comunidades autónomas.

"La búsqueda de soluciones debería ser una responsabilidad compartida por todos los grupos políticos para que la actividad económica y el tejido productivo de la capital de Cantabria se vean afectados los menos posibles", señaló ayer César Díaz, quien insistió en que la anulación del Plan General de Santander se debió a la "deficiente" evaluación ambiental del Bitrasvase del Ebro, responsabilidad del Gobierno autonómico y no al Ayuntamiento. Sin embargo, el edil lamentó que "la realidad y el desarrollo de los acontecimientos está dejando en evidencia que sólo el PP está verdaderamente preocupado y ocupado en esta tarea".

Este pacto con PRC y Ciudadanos asegura una mayoría en el Parlamento y una solución transitoria para Santander mientras el Ayuntamiento elabora un nuevo Plan General. Pero también supondrá un enfrentamiento directo entre socialistas y regionalistas, que votarán en sentido contrario a pesar de compartir sillones en el Ejecutivo regional. Las discrepancias en asuntos menores han salpicado los dos primeros años de legislatura, pero ésta será la primera vez que lo hagan en una iniciativa de gobierno de tanto calado. Sus visiones sobre el urbanismo opuestas en muchos casos podrían llegar a chocar, incluso, en algunos artículos de la futura Ley del Suelo que están preparando los socialistas.

El portavoz del PRC, Pedro Hernando, cree que la decisión de su partido de respaldar al PP no supondrá ningún problema con su socio en Peña Herbosa. "Se trata de un planteamiento ideológico, no de gobierno, no habrá conflicto. Nosotros siempre hemos mantenido una postura clara y pública".

La Proposición de Ley presentada ayer se tramitará por la vía de urgencia "ante el grave daño al interés público que acarrea la anulación de planes en nuestra comunidad". "Esto provoca situaciones de inseguridad jurídica y cierta lesividad para el interés público", se puede leer en el documento presentado por el PP.

Esto supondrá que los plazos para aprobar la reforma se reducirán drásticamente. La Mesa del Parlamento votará mañana mismo su urgencia, que debe ser propuesta por tres partidos. El pacto entre PP, PRC y Ciudadanos garantiza que saldrá adelante. El proyecto se envía inmediatamente al Gobierno, que cuenta con diez días para emitir un informe. Después, la propuesta regresa al Parlamento. En el plazo de un mes, más o menos, podría estar aprobada la modificación de la Ley del Suelo que persiguen los populares. Pero estosólo da cobertura jurídica a las normas. Será entonces el turno del Ayuntamiento para elaborar las normas y someterlas a un proceso de información pública para que puedan empezar a funcionar este mismo año.

Plan B

La fórmula elegida no es la primera opción que barajaba el PP ni mucho menos la que más gustaba en el Ayuntamiento. Los populares intentaron por todos los medios incluir la reforma a través de una enmienda en la Ley de Medidas del Presupuesto. "Todo esto estaría ya solucionado si lo hubiéramos hecho así, era la manera correcta", insistió ayer mismo el diputado José Manuel Igual. César Díaz coincide con él: "Era el método más ágil y seguro. No existía ninguna razón, ni técnica ni jurídica, que impidiera hacerlo de esa manera, solo era cuestión de voluntad política".

En un primer momento, al PRC no le pareció mal esa posibilidad. El propio presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, comulgó con los planteamientos que la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el concejal de Urbanismo le trasladaron en su despacho. Pero los regionalistas recularon y el PP se quedó sin apoyos en el hemiciclo, donde ningún otro grupo vio con buenos ojos mezclar el debate presupuestario con la anulación del plan general de la capital.

Los socialistas han sido los más contrarios a las soluciones planteadas por el Ayuntamiento. Incluso a la presentada ayer mismo en el Parlamento. "Seguimos pensando lo mismo, eso sólo es un parche. Las cosas en el urbanismo hay que hacerlas bien. La única solución está en la nueva Ley del Suelo", mantuvo la portavoz parlamentaria, Silvia Abascal, que confía en que la normativa pueda tener luz verde el próximo mes de septiembre "si se le da prioridad".

En el PP, sin embargo, creen que el PSOE ha sido incongruente durante todo este proceso. Mientras se negó en redondo a cambiar la actual normativa para solventar el embrollo urbanístico de Santander, promovió una modificación para desbloquear el proyecto de la mina de Reocín. "Ha sido el colmo de la desfachatez, una muestra más del sectarismo de los socialistas con la capital", se quejó César Díaz.

Se llegó a la tercera vía

Aprovechando que el Gobierno quería meter mano a la Ley del Suelo para reactivar la mina de zinc, el PP puso sobre la mesa su Plan B: acompañarlo con una enmienda que permita la normas urbanísticas transitorias. Pero tampoco entonces cedieron PRC y Ciudadanos. Era un sistema técnica y jurídicamente posible, pero "poco ortodoxo".

Y entonces se llegó a la tercera vía, una proposición de ley individual, no atada a ninguna otra iniciativa. Desde el PP se barajó, incluso, forzar la máquina para que fuera el propio Gobierno el que la presentara, al entender que la culpa de la anulación del Plan General fue suya, pero finalmente se decidieron por registrarla ellos mismos "para no entrar en otra batalla política". "Hemos buscado la solución más rápida posible", señaló Díaz.

Desde Ciudadanos, sin embargo, lanzaron un aviso a los populares. A pesar del pacto alcanzado a nivel regional para tramitar este cambio legislativo y del apoyo tácito al equipo de gobierno que existe en el Ayuntamiento, el diputado Rubén Gómez aclaró que no entregarán "un cheque en blanco" para que el PP apruebe cualquier norma urbanística en el municipio.