Ayuntamiento y Puerto dibujan una nueva hoja de ruta para la reordenación del Frente Marítimo

Superado el estado de shock inicial, ni el Ayuntamiento de Santander y ni el Puerto, que van de la mano en esto, están dispuestos a detener el proceso o a esperar a que un nuevo planeamiento, que puede dilatarse años (ocho tardó en aprobarse el texto revocado ahora), regule urbanísticamente este espacio. Caído el PGOU de 2012, al Ayuntamiento le queda el plan anterior, que data de 1997, y que deja fuera de ordenación esa franja marítima.

El concejal de Urbanismo, César Díaz, que tras la marcha del anterior alcalde Íñigo de la Serna al Ministerio de Fomento ha cobrado absoluto protagonismo en el nuevo proyecto, quiere ordenar los suelos de Varadero y San Martín, los dos paquetes que la Autoridad Portuaria desafectó y que carecen de regulación urbanística, mediante una modificación puntual del Plan de 1997. Es la herramienta que baraja como primera opción, aunque no descarta hacerlo a través de unas Normas Urbanísticas Transitorias, si prospera en el Parlamento la proposición de ley para modificar la Ley del Suelo en este sentido.

"Posibilista"

Al presidente del Puerto, Jaime González, le parece "una hoja de ruta posibilista" para diseñar una nueva actuación en un "plazo razonable" que "permita seguir teniendo vivo un proyecto de integración en la ciudad del Frente Marítimo, sino como el que había, que sea igualmente ilusionante para Santander y sus habitantes". Ambas administraciones han trazado una especie de "dibujo en bruto", en palabras de González, sobre por dónde podrían ir los nuevos parámetros urbanísticos de Varadero y San Martín, los suelos que reúnen las actuaciones de mayor calado para la capital. Pero no avanzarán más sin tener el consenso de las demás administraciones implicadas -el Gobierno de Cantabria, Puertos del Estado y el Ministerio de Fomento-.

La idea del presidente del Puerto es que la mesa completa, integrada por las cinco instituciones, renazca y se reúna dentro de dos meses con la "voluntad de actuar, de avanzar y no quedarnos quietos". De lo que determine esa mesa de cinco cabezas dependerá que el replanteamiento del nuevo Frente Marítimo sea más o menos ambicioso y potente.

No partirán desde cero, dice Díaz, pero tendrán que revisar todos los condicionantes que definían la ordenación urbanística de la franja sur de la ciudad, recogidos en el convenio firmado en 2010 y en el Plan Maestro previo. El Ayuntamiento ha descartado ya "replicar" aquel proyecto y tiene "una idea" de lo que quiere hacer, aunque apela a la prudencia para no desvelar sus cartas. Eso no es óbice para que el responsable de Urbanismo adelante que "será más ambicioso", ya que "es posible que podamos incorporar a la ciudad más suelos portuarios". González confirma que se está trabajando en esta posibilidad, sobre la que el Gobierno regional tiene noticias a través de la Autoridad Portuaria. Por la misma cautela que invoca el jefe de Urbanismo municipal, González silencia qué nuevos terrenos portuarios, no desafectados, se incorporarían a la ciudad.

En cualquier caso, la intención de ambas administraciones es imprimir velocidad a la tramitación y que "los objetivos que nos marquemos, no tengan un horizonte demasiado lejano en el tiempo", explica el responsable del Puerto, que intentará que los plazos "no vayan a 10 años". "Como presidente del Puerto digo en firme que este tema no puede quedarse parado y tenemos que encontrar la forma de volver a reactivarlo", enfatiza.

El antes y el después

El convenio suscrito en 2010 con el consenso de las cinco instituciones, en virtud del cual el Puerto desafectó 217.000 metros cuadrados, supuso el pistoletazo de salida para la ordenación integral de la franja sur de Santander, desde Varadero hasta San Martín. Desde entonces, ese acuerdo ha permitido la ejecución de once actuaciones señeras: el Centro Botín y su túnel, con un total de 91 millones de inversión inicial; la renovación y ampliación de los Jardines de Pereda, la duna de Zaera, el dique de Gamazo y su explanada, el Paseo Marítimo Marqués de la Hermida, los carriles bici de la Estación Marítima a Varadero y de Marqués de la Hermida a Nueva Montaña, la nueva Plaza de San Martín de la Mar y el parque de Varadero. Pero para el grueso de las intervenciones urbanísticas, en las que se preveía llevar a cabo construcciones, se convocó un concurso de ideas en base a las directrices urbanísticas recogida en el PGOU aprobado en 2012.

Cuando estaba a punto de resolverse, la Justicia tumbó el planeamiento, lo que afectó de lleno al corazón del proyecto del Frente Marítimo, que quedó en el limbo, sin regulación urbanística. Aquel proyecto era especialmente ambicioso, ya que contemplaba inversiones que alcanzaban los 160 millones. Entre otras actuaciones preveía un nuevo muelle de atraque de ferrys y cruceros en la zona de Varadero, presupuestado en 80 millones de euros; un puerto deportivo, además de edificaciones de usos residenciales y terciarios, como oficinas, un centro comercial, equipamientos y zonas verdes, y también la urbanización completa de San Martín. Las cinco administraciones implicadas apostaron por un proyecto autosuficiente financieramente, es decir, no iba a tener coste alguno para las arcas públicas.

Para ello se introdujo una edificabilidad máxima de 150.000 metros cuadrados de uso terciario, que servirían para compensar los costes asociados a esas actuaciones. Así, los ingresos obtenidos del desarrollo urbanístico del proyecto y de la capitalización de concesiones alcanzaban unas plusvalías de 172 millones, cantidad suficiente para ejecutar las intervenciones previstas sin coste alguno para las administraciones. Precisamente el concurso de ideas convocado tenía que definir esa edificabilidad y la forma de ordenarla en Varadero y San Martín.

Ahora, inservible el convenio y sepultado el concurso de ideas, el Ayuntamiento y el Puerto se están replanteando todos estos condiciones y diseñan una nueva estrategia de actuación que, de momento, guardan para sí bajo siete llaves. La Autoridad Portuaria está sopesando si, siete años después del diseño inicial, sigue siendo necesario y viable un nuevo muelle de 80 millones o si, por el contrario, se podría ir a una solución más modesta.

De ser así, tendría un efecto en cascada sobre las nuevas actuaciones, ya que la inversión sería muy inferior y, en consecuencia, se podría reducir de manera significativa la edificabilidad porque ya no sería necesario obtener tantas plusvalías. "El Puerto no ha desistido todavía de la ejecución de ese nuevo muelle pero entendemos que hay que replantearse esta actuación por el coste que tenía. Eso no quiere decir que esta infraestructura no se haga, ni que Santander haya renunciado a ser un puerto base de ferrys, como se pretendía", subraya César Díaz.

El concejal explica que también se va a reconsiderar si el nuevo proyecto tiene que ser financieramente sostenible, porque "podríamos considerar que las administraciones hagan aportaciones de manera que no haya que depender tanto de las plusvalías y de la edificabilidad. La contribución de las administraciones nos condicionaría menos urbanísticamente porque compensamos costes y no tenemos que materializar esas edificabilidades".

Dos opciones, un mismo fin

Díaz cree que la opción más plausible para reactivar el desarrollo urbanístico de la zona es la modificación puntual del Plan de 1997. La posibilidad de que la solución llegue de la mano de unas Normas Urbanísticas Transitorias (NUT) tiene la dificultad de que el sector socialista del Gobierno, en cuyas manos están las competencias en materia de urbanismo, se resiste a la modificación de la Ley del Suelo para permitir el desarrollo de las NUT.

El PP ha pactado con PRC y Ciudadanos una solución y han presentado en el Parlamento una proposición de ley para ello. Si sale adelante, el Ayuntamiento tendría luz verde para seguir esta vía para relanzar el Frente Marítimo. Su ventaja es que permitiría al Consistorio salvar "con una sola tramitación" todos los proyectos paralizados por la anulación del Plan General de 2012, que son muchos e importantes, en lugar de ir a modificaciones puntuales en cada caso. "Cuando tengamos cerrado y claro qué es lo que queremos hacer, veremos qué ha pasado con la Ley del Suelo y su modificación y seguiremos el camino más rápido y seguro", concluye Díaz.