La anulación del Plan General obliga a Santander a devolver a Caja Cantabria los siete millones de la Residencia Cazoña

Los pagos se harán en siete anualidades. El primero será este mismo año y asciende a 940.000 euros, con cargo a los remanentes municipales. El segundo será en 2018 -ya previsto en el Prespuesto que se está tramitando, según asegura el Consistorio- y ascenderá a 2 millones de euros. El resto del dinero será devuelto en plazos hasta el año 2023. Siempre sin intereses.

El Consistorio ha planteado ya una primera reclamación patrimonial ante el Gobierno de Cantabria, la Administración General del Estado y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) por los costes de redacción del plan anulado, un trabajo en el que se invirtieron más de 8 años de trabajo y 3 millones de euros y que deberá rehacerse desde cero tras la decisión del Tribunal Supremo. El Ayuntamiento deja ahora abierta la puerta a reclamar estas pérdidas millonarias por la Residencia de Cazoña a las mismas administraciones.

El convenio con Caja Cantabria contempla la posibilidad de volver a ampliar los usos de la parcela a través de una modificación puntual del Plan en vigor (el de 1997), «en cuyo caso se podría compensar también el importe de las devoluciones pactadas con el Consistorio», aclaró el concejal de Urbanismo, César Díaz.

El cambio de 'etiqueta' del suelo es muy importante para Caja Cantabria, ya que deja las manos libres a la entidad para demoler el edificio o restaurarlo para viviendas, un hotel o apartamentos. Ya no está obligada a que tenga un uso sanitario. De hecho, en junio de 2013, dos años después de trasladar a los 200 ancianos residentes a otro centro de Maliaño, la entidad puso en venta el edificio por 11,8 millones de euros. Todavía no ha conseguido venderlo.

Durante la primera etapa de información pública del Plan General ahora anulado, Caja Cantabria presentó alegaciones para la recalificación del terreno. El principal argumento para ese cambio y el cierre de la residencia se sostenía en las deficiencias del inmueble para acoger a personas dependientes. En un principio, la residencia se gestó sólo para personas que pudieran valerse por sí mismas. Pero con el tiempo eso cambió, y en sus últimos un 45% de los residentes tenía problemas de movilidad.

Igualmente, en virtud del nuevo acuerdo con el Ayuntamiento, la Fundación Caja Cantabria se compromete a ampliar las líneas de colaboración que mantiene con el Ayuntamiento, tanto a través de programas y acciones de carácter social, educativo, ambiental o cultural, como mediante la cesión de espacios en el Centro de Acción Social y Cultural (CASYC) para que el Consistorio pueda desarrollar actividades sin coste alguno.

Varios importantes proyectos de Santander se ven seriamente afectados por la anulación del Plan. Es el caso del plan parcial de La Remonta, que tardó 11 años en aprobarse y que, a día de hoy, no vale. O el del Parque Litoral Norte, que habrá de replantearse íntegramente en el próximo plan urbanístico porque la normativa del 97 no lo contemplaba. También los 187.000 metros cuadrados del Frente Marítimo que Puertos del Estado dejó en manos de la ciudad están ahora mismo en un limbo y sin ordenamiento.

Además de la partida para la anualidad de 2018 del convenio con la Fundación Caja Cantabria, las cuentas municipales del próximo año incluyen también una consignación de otros 500.000 euros «por si hubiera que hacer frente a compensaciones económicas por el convenio urbanístico que permitió la incorporación de unos 21.000 metros cuadrados de espacios públicos en el área de Mataleñas y el entorno del faro». Se trata de un convenio urbanístico aprobado por el pleno de la Corporación en diciembre de 2010 para afrontar la obligación de expropiar dichos terreno.

A cambio de esos suelos, pertenecientes al sistema general previsto en el PGOU y valorados en casi 2,2 millones de euros por el Jurado Provincial de Expropiación, se otorgaron a los titulares aprovechamientos urbanísticos en un nuevo área específica incluida en el PGOU de 2012, acuerdo que también ha quedado sin efecto por la anulación del plan.

El Ayuntamiento y los propietarios analizan en este caso el traslado de esos aprovechamientos a otro área en el marco del PGOU de 1997, pero al mismo tiempo, el Consistorio hace una provisión de fondos por si no fuera posible materializar esa opción y tuviera que afrontar la cantidad fijada por el Jurado Provincial.

La otra cara de la moneda es que otros de los grandes planes de los últimos años no se ven dañados. Por ejemplo, el Centro Botín, que se construyó dentro de un Plan Especial del Puerto de Santander. Tampoco hay que temer por la construcción de una nueva sede del Mupac (Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria) en el aparcamiento junto al Palacio de Festivales de Santander, ni por las 16 actuaciones municipales que están en marcha con una inversión de 15 millones de euros. Asímismo, están a salvo las 25 grandes iniciativas proyectadas en el medio plazo, que suponen otros 30 millones de recursos municipales; y la anulación de la norma urbanística no tendrá repercusión sobre la senda costera.