El Balneario de La Magdalena echa el cierre

Ayer a media mañana, los clientes que ocupaban alrededor de 15 mesas de la terraza del establecimiento se solazaban con los 20º que marcaba el termómetro a la orilla del mar, posiblemente ajenos a que en pocas horas ya no será posible volver a disfrutar de este privilegiado mirador. Hoy, 30 de septiembre, es el último día oficial de actividad del negocio de hostelería del Balneario de La Magdalena. Se le acaba la concesión a la empresa (Briatacán) que lo ha explotado en los últimos 17 años. La Administración ha concedido 15 días al concesionario para sacar sus enseres, de modo que habrá movimiento en el lugar en las próximas dos semanas y luego se clausurará. El Ayuntamiento tendrá que sacar de nuevo a licitación la gestión de esta instalación, pero habrá que esperar a que el propio Consistorio renueve su permiso de ocupación. Porque la infraestructura es objeto de una doble concesión: la Demarcación de Costas cede el espacio a Santander a cambio de un canon y, a partir de ahí, el Ayuntamiento busca un empresario para explotarla. La concesión municipal también está en la recta final: caduca en julio de 2018. Desde abril está negociando con Costas una prórroga.

La alcaldesa Gema Igual señaló ayer que las conversaciones que el municipio mantiene con Costas se han trabado por el canon que se le exigiría en adelante. El organismo, dependiente de la Administración central, quiere cobrar una tarifa anual al Ayuntamiento de 64.632 euros, una cantidad que el equipo de gobierno local considera «fuera de mercado». «No es acorde» con lo que puede interesar a una empresa, indicó la alcaldesa, y así se le ha trasladado a la Demarcación. Esta entidad -según pudo saber este periódico- lo que ha hecho es adaptar el canon a la nueva ley (de 2013) por la que se rige este tipo de establecimientos en la playa. La normativa venía también con un reglamento nuevo.

Pero el Consistorio ha alegado que esta infraestructura «presta un servicio a los santanderinos» en un lugar sensible de la ciudad y, por tanto, «debe ser considerada como bien de interés público», por lo que ha invitado a Costas a «recalcular» el precio público a cobrar, «porque éste es inviable». El municipio no quiere ganar dinero. «Lo único que pretendemos es que haya una empresa en funcionamiento, que se generen puestos de trabajo y actividad, que es lo que interesa a la capital», explicó Gema Igual.

El actual concesionario entró en el local en julio del año 2000, justo tras la gran reforma que se acometió a cuenta de las arcas locales tras haber ganado un concurso cuyo pliego de condiciones establecía la fecha límite de explotación de 30 de septiembre de 2017.

Pese a que distintas fuentes señalaron ayer que la empresa habría mostrado su interés en continuar al menos un par de años con el negocio y así poder jubilar sin traumas a parte de su actual plantilla, «esta opción no es posible, dado que el contrato inicial no contemplaba posibilidad alguna de prórroga», argumentó la alcaldesa. «Su derecho expira y esto no tiene vuelta de hoja. Es una concesión improrrogable».

El Ayuntamiento de Santander se hizo con la concesión de este balneario en el año 1934, aunque siempre ha cedido las instalaciones a una empresa. En el año 2000, siendo alcalde Gonzalo Piñeiro, se programó una ambiciosa remodelación del antiguo edificio, que se había quedado obsoleto y el Consistorio costeó la transformación con un desembolso de 840.000 euros. Esta cantidad permitió dotar al lugar de cafetería, restaurante, cocinas y zona de balneario, así como de cabinas y duchas para los usuarios de la playa de La Magdalena. Este servicio debía seguir siendo público.

En aquel momento, al Ayuntamiento le costó varios meses y distintas licitaciones encontrar un concesionario porque puso altas sus pretensiones económicas, en la idea de recuperar con el concesionario la inversión realizada en las instalaciones.

En el pliego se obligaba, además, a quien estuviera interesado, a prestar los servicios durante todo el año y el adjudicatario también estaba obligado a subrogarse a cinco trabajadores de la sociedad anterior. Además, el concesionario ha tenido siempre la obligación de garantizar que la terraza superior del lugar quedara libre, lo mismo que el callejón que discurre por la parte trasera.

No es la primera vez que el Ayuntamiento se emplea a fondo para conseguir que la Demarcación no le incremente el canon anual. Ya tuvo que negociarlo en 2009, un ejercicio en que Costas le quiso aplicar una subida del precio del 71% (de los 22.000 euros anuales a 38.000 euros) subida que se calificó de «desorbitada».

fue el año en que el Ayuntamiento reformó por completo la instalación