Los dueños del local del 'Máster' también llevan el derrumbe a los tribunales

Un día después del derrumbe -ocurrido el 19 de julio tras haber caído en saco roto tres denuncias vecinales alertando de las obras de reforma que la empresa Dos Imanes Producciones estaba realizando en la antigua coctelería 'Máster'-, los propietarios de ese local presentaron una denuncia en la sede judicial de Las Salesas, en la que ponían en conocimiento de la Justicia que se había caído el inmueble. De manera escueta, casi telegráfica, los dueños del bajo, propiedad de Marta Gutiérrez Miméndez e hijos, advertían de que podían haberse cometido varios delitos, sin concretar cuáles.

A los siete días, el 26 de julio, la concejala de Ganemos Santander Sí Puede, Tatiana Yáñez, interpuso otra denuncia. A su juicio, en la tramitación de los expedientes municipales y licencias de obras del pub en proceso de reforma se incurrió en «trato de favor y negligencia». En un escrito mucho más prolijo que el anterior -consta de diez páginas y otras 400 más de anexos de documentación recaba entre los propios afectados y el Ayuntamiento- Yáñez llega a la conclusión de que el equipo de gobierno del Consistorio «permitió obras irregulares a un empresario».

Pero, a pesar de los días transcurridos, los escritos se encuentran en vía muerta en el decanato de Santander, ya que no han sido repartidos al Juzgado correspondiente según las normas de reparto. Fuentes próximas al caso señalaron a este periódico que estos días se están turnando los asuntos que entraron el 12 de julio, lo que supone un retraso «totalmente inusual e injustificado» porque, aunque no se trata de procedimientos de urgencia, son «causas penales que deben ser repartidas con celeridad».

El desplome del edificio en vísperas de la Semana Grande santanderina provocó también la reacción de otro concejal, en este caso del edil no adscrito, Antonio Mantecón, que, a rebufo de Yáñez, requirió la intervención de la Fiscalía de Cantabria para que investigara las causas del derrumbe y sus posibles implicaciones penales.

Veinticuatro horas después de que la concejal de Ganemos Santander promoviera su denuncia, Mantecón llevó el caso ante la fiscal Superior de Justicia de Cantabria. En su escrito, firmado por el abogado Juan Manuel Brun, que fue secretario general de Podemos Santander, sostiene que hay indicios de que en el accidente de la calle del Sol se han podido cometer los delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación administrativa o abuso en el ejercicio de funciones, por lo que pide al Ministerio Público que abra una investigación.

Con luz y taquígrafos, Mantecón anunció su escrito en Fiscalía para que impulse una investigación. El edil sospecha de la «extraordinaria celeridad» con que el Ayuntamiento concedió las tres licencias de obra (dos menores y una mayor), de donde colige que pudo haber «un trato de favor» ya que conseguir un permiso de obra mayor en 12 días es algo «absolutamente insólito». Mantecón ratificó la denuncia este mismo lunes, momento en que la Fiscalía de Cantabria abrió diligencias para investigar las causas del siniestro y determinar si existen responsabilidades penales, tal y como adelantó ayer este periódico. No se trataba de una investigación paralela a la judicial, porque los Juzgados de Santander aún no han recibido las dos denuncias, ni la de los propietarios del local ni la de la concejal Yáñez.

En el momento en que el Juzgado abra diligencias y ponga en marcha el procedimiento, la Fiscalía tendrá que cesar la investigación y remitir sus diligencias al órgano judicial competente, según aclara la fiscal superior Pilar Jiménez Bados. El artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que «cesará el Fiscal en sus diligencias tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos».

Por otro lado, al existir dos denuncias es posible que, en caso de ser admitidas a trámite, se acumulen en un mismo Juzgado, que recibirá también las diligencias de Fiscalía. Fuentes judiciales han señalado a este periódico que tampoco ha llegado al Juzgado el atestado policial (ni de la Policía Local ni de la Nacional) que se levantó con motivo del siniestro. Ese informe tenía que obrar ya en el Juzgado de Instrucción 3, que estaba de guardia el día del siniestro, pero todavía no ha sido remitido.