El Gobierno quiere dar uso privado a los terrenos de La Pereda y Quinta Labat

El Servicio de Patrimonio ya tiene sobre la mesa un informe que ha elaborado sobre el estado de los tres inmuebles después de que no hayan suscitado el interés de ningún comprador. Según los técnicos de este departamento, «el principal problema para conseguir un resultado satisfactorio en el proceso de venta deriva de la interpretación que del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander realizan los técnicos municipales». El Consistorio mantiene su postura de que es equipamiento público, de manera que únicamente pueda utilizarse para una «actividad social».

La solución de Patrimonio, según el informe técnico al que ha tenido acceso este periódico, pasa por «iniciar el expediente de modificación puntual a fin de que pase a ser un equipamiento no público». Para ello, es necesario primero la convalidación del PGOU de 2012, que fue anulado por la Justicia, lo que calculan que pueda tardar como mínimo «15 meses». A continuación, debe ser el bipartito el que dé políticamente luz verde a la operación de forma colegiada, para posteriormente remitírselo al Ayuntamiento de Santander.

A pesar de que las relaciones entre PRC-PSOE y el Consistorio de la capital cántabra, en manos del PP, no son para tirar cohetes al aire, la necesidad de hacer una tramitación conjunta de otros proyectos pendientes como la integración ferroviaria, cuyo convenio está pendiente de firma entre las administraciones, podría ser una baza a favor del Gobierno regional.

Si Santander aceptara recalificar los terrenos, algo a lo que se ha negado hasta ahora, el Gobierno de Cantabria podría subastar de nuevo estos inmuebles con un valor mucho mayor del actual, ya que algunos de ellos están ubicados en una situación estratégica y un cambio de usos de los terrenos será un importante reclamo para sectores como el turismo o el urbanismo. El informe, que de momento es consultivo, busca rentabilizar los edificios después del fracaso que supuso su puesta en el mercado. Patrimonio encargó el pasado año a la Agencia Tributaria una tasación de todos los activos en los que lleva años colgado el cartel de «se vende» -en función de su ubicación, los metros disponibles o los usos del suelo- para intentar recaudar los 27 millones de euros que había previsto en los Presupuestos regionales para 2017. Una revalorización que se saldó a l a baja en la mayoría de los casos, con una caída de su valor de hasta el 80%.

Este cambio normativo permitirá dar en cualquier caso un nuevo valor a La Pereda, también conocida popularmente como la residencia Marcano. Este centro geriátrico se quedó vacío el 30 de julio de 2012 por motivos de seguridad. Durante los tres meses que duró el traslado -sus 98 huéspedes fueron reubicados en otras residencias-, se sucedieron las críticas y las concentraciones de protesta, algunas con la participación de los propios inquilinos de la residencia, que se resistían a marchar.

La tasación real del inmueble se cifraba en 28,2 millones de euros, pero la crisis y la dificultad para cambiar su uso, ha desplomado su precio hasta los 4,7 millones, más de un 80% menos que hace solo unos meses. En principio, el edificio sólo puede tener como destino una residencia de ancianos o de estudiantes. Mediante una modificación legal se podrían edificar viviendas en el solar resultante, pero con merma del aprovechamiento urbanístico.

A pesar de que varias empresas internacionales mostraron en su día su interés para reabrir un geriátrico, las negociaciones no llegaron a buen puerto. Actualmente, una treintena de habitaciones se ajustan a la actual normativa para centro de la tercera edad, después de ser reformadas bajo la primera presidencia de Miguel Ángel Revilla. El resto de habitaciones no cumplen con la normativa (puertas estrechas, pasillos por los que cabe una camilla o escalones en la habitación para alcanzar la ventana).

El gran edificio tiene una superficie construida de 15.706 metros cuadrados y la finca es de 10.717 metros. El edificio tiene seis plantas que tienen una superficie de 3.471 metros cuadrados la baja y 2.447 las restantes cinco.

Por su parte, la Quinta Labat es uno de los más importantes bienes que posee la comunidad autónoma. Por su naturaleza artística y por su ubicación, aunque no por su precio. Es un edificio a conservar, no se puede tocar nada de la fachada, pero es que no hace falta. El edificio fue diseñado en el año 1895 por el arquitecto Casimiro Pérez de la Riva. La finca linda con la Fuente de Cacho y mide 4.884 metros cuadrados según el Registro de la Propiedad. En ella hay dos edificaciones, el palacete y una más pequeña denominada «de los guardas» (250 metros cuadrados), totalmente restaurada y que fue sede de las oficinas de Sicán. La superficie total construida es de 1.031 metros cuadrados y tiene sótano, planta baja y dos plantas. Ni tiene ascensor ni se le puede instalar. No cabe por el hueco de la escalera y para colocarlo habría que destrozar el diseño original del edificio.

Al fondo de la finca, junto a La Fuente de Cacho hay una superficie plana, sin jardines, con suelo de cemento. Quizá se pudiera construir ahí un nuevo edificio de vecinos, «pero es cuestión de tratarlo con el Ayuntamiento», se asegura desde el Gobierno de Cantabria al hablar sobre las posibilidades de la propiedad.