Multa por «incumplimientos graves» del servicio de socorrismo

Fuentes-Pila detalló la lista de irregularidades que han costado a la empresa esta multa, que supone el 8% de la cuantía total del contrato, y culpó a los responsables municipales de anteponer los criterios económicos -la nueva concesionaria ofreció un precio mejor que Cruz Roja- a la seguridad de los usuarios de las playas.

El primero de los incumplimientos constatados ha sido la falta del personal comprometido, ya que en diversas inspecciones realizadas tanto por el Ayuntamiento como por el Gobierno de Cantabria faltaba un ayudante con titulación de Técnico en Transporte Sanitario en la ambulancia de Soporte Vital Básico de la Segunda playa de El Sardinero.

El segundo es relativo a las condiciones del material de los puestos y las mejoras a las que Aunar Group se comprometió y que contribuyeron notablemente a la concesión del contrato a esta empresa. En concreto, se trata de dos unidades de embarcaciones de tipo C, dos ambulancias y la ampliación del número de puestos de socorro en cuatro unidades. A todo ello, se suman cuatro infracciones leves: falta de marca del logotipo del Ayuntamiento de Santander en el vestuario; falta de rotulación de bases y vehículos, falta de hojas de reclamaciones y, finalmente, la no presentación de presupuesto desglosado.

Para Fuentes-Pila, la imposición de esta penalización y, especialmente, los motivos por los que se llega a ella, constituyen la «prueba evidente del gravísimo error» que cometió el Ayuntamiento de Santander en la redacción de un contrato que primaba los aspectos económicos e impidió que Cruz Roja prestase el servicio, «tal y como llevaba haciendo veinte años». «Nos enteramos ahora que hemos tenido velando por la seguridad menos personas y menos equipamientos que los necesarios», criticó, al tiempo que lamentó que el equipo de Gobierno «no haya creído conveniente informar de este asunto».

El portavoz regionalista insistió en que el concurso se adjudicó «en base a un mínimo ahorro económico -su oferta era 19.800 euros inferior a la de Cruz Roja- y a unas mejoras que no se han producido, que no han estado en las playas y que pudieron suponer un peligro para los santanderinos», e instó a la alcaldesa a que encargue a los servicios jurídicos que analicen si hay base legal para rescindir el contrato.

La lectura de lo sucedido por parte del concejal de Personal y Protección Ciudadana, Pedro Nalda, fue justo la contraria. Para él, la multa demuestra el «riguroso control y seguimiento» ejercido por los técnicos del servicio de Protección Civil para asegurar el cumplimiento de todos los términos del contrato. Además, aseguró que las faltas detectadas no afectaban a las obligaciones esenciales del contrato, recalcando que «en ningún caso ha estado en cuestión la seguridad» de los bañistas, ya que la vigilancia en las playas ha estado garantizada «en todo momento». De hecho, recordó al PRC que la campaña veraniega ha terminado sin víctimas ni incidencias graves en los arenales, y esa, a su juicio, «debería ser la verdadera noticia».

Tras interpretar de esta forma los hechos, el concejal de Protección Ciudadana del consistorio santanderino censuró la «utilización política» de una cuestión tan sensible como la seguridad por parte del grupo municipal regionalista, al que pidió que «no siga haciendo demagogia» con un asunto en el que el equipo de Gobierno ha actuado «anteponiendo los intereses de los ciudadanos y la legalidad».