El Pleno reclama al Gobierno cambiar la «mala» Ley de Espectáculos para hacerla «más flexible»

El Ayuntamiento quiere que el Ejecutivo modifique la ley a fin de flexibilizar «lo máximo posible las condiciones, requisitos y responsabilidades» para la celebración de eventos y espectáculos promovidos por entidades sin ánimo de lucro como asociaciones, grupos vecinales, peñas, organizaciones benéficas o pequeños grupos culturales o deportivos. Aunque la moción no citaba expresamente el caso, detrás de ella se transparentaba lo ocurrido este año a la hora de programar las fiestas de San Pablo de Cueto. Estas eran organizadas tradicionalmente por la Asociación de Vecinos del pueblo, pero la agrupación ha renunciado a ir adelante en esta ocasión para no convertirse en responsable subsidiaria de cualquier problema que se originase. Actualmente es un grupo de vecinos el que se ha puesto manos a la obra con la logística que requiere la cita.

En defensa de la ley, José María Fuentes-Pila alegó que ésta «no introduce ni añade requisitos nuevos» a los que ya había, porque se remite a todas las normativas que tenían que cumplirse en años anteriores. El edil subrayó que la norma persigue que se cumplan las condiciones de seguridad y que los ayuntamientos han tenido oportunidad de adaptarla por medio de ordenanzas. Así lo han hecho, aseguró, en Laredo, Piélagos o Astillero, «y no han puesto en peligro las actividades de sus colectivos». «Es corresponsabilidad» de los municipios que se garanticen los espectáculos, apuntó.

También el PSOE se agarró a este hilo, diciendo que la norma «es buena» pese a que falta trasladarla a la realidad de la calle, es decir, «falta el desarrollo normativo municipal». Según Pedro Casares, «no tiene sentido que el Ayuntamiento quiera huir de toda responsabilidad» y «no se puede dejar la seguridad de un evento a criterio de los promotores del mismo».

El portavoz del PP, César Díaz, les respondió que el texto legislativo era «malo desde que se aprobó» y que los regionalistas «no tienen ni idea de la cantidad de trámites municipales que conlleva cualquier evento». Díaz cree que esta ley «se hizo de espaldas a los ayuntamientos» y eso que se les han trasladado a ellos las competencias. «Complica más» todos los requisitos y «ninguna ordenanza puede arreglar el desaguisado de la ley», lamentó. Con el mérito añadido de que el Gobierno regional «se ha quitado de enmedio y no le ha costado ni un duro», se admiró. De ahí que el grupo municipal popular enmendara la propuesta inicial para añadir que Santander insta al Gobierno a varias modificaciones para que contemple la opción de presentar una declaración responsable a la hora de realizar determinados eventos «como sustitución de la licencia o autorización».

También insta a que se puedan fomentar actuaciones en determinados foros, espacios establecimientos o emplazamientos que no se vean reñidas con la propia actividad del local y, finalmente, llama a que se establezcan unos criterios generales «para la tramitación y autorización de espectáculos extraordinarios». En resumen, hacerla «más flexible».

El Ayuntamiento no sufrió en la práctica ningún perjuicio por las deficiencias que se detectaron a primeros de mes con la empresa que colabora con el municipio en el cobro de tributos (Tribugest), que no envió a los santanderinos los avisos de pagos del impuesto de vehículos, problema que se conoció solo una semana antes que acabara el plazo de abono. Así lo sostuvo ayer Ana González Pescador, concejala de Economía y Hacienda, que se apoyó en un dato: este ha sido el mejor periodo de pago voluntario de los últimos años, puesto que enfrentaron el impuesto el 79,26% de los contribuyentes.

Cuatro concejales de la corporación habían llevado tres iniciativas al pleno pidiendo responsabilidades y sanciones para la empresa en cuestión (Cora Vielva y Ganemos, cada uno por su lado, y Antonio Mantecón e IU de forma conjunta). Entre todos solicitaban la apertura de un expediente a la citada sociedad y la remunicipalización del servicio.

El equipo de gobierno no estuvo por la labor. La edil del área dijo que el número de personas atendidas en ese periodo se incrementó un 25% sobre el 2017, gracias a que se implantaron medidas de refuerzo del servicio y que Tribugest está estudiando ahora reclamar a la empresa a la que había subcontratado, a su vez, el envío de las notificaciones por el daño que les ha causado a ellos.

La mayor parte de la oposición lamentó que el PP no haya asumido responsabilidades por las incomodidades causadas a los vecinos, que tuvieron que hacer colas para pagar el impuesto. Tras las explicaciones de la concejala de Hacienda, Mantecón preguntó por qué el Ayuntamiento abrió un expediente a la empresa adjudicataria si no ha habido ningún incumplimiento, aunque la edil no lo aclaró.

Toda la corporación, excepto Miguel Saro (IU), dio luz verde, además, a una moción del PP en apoyo a las víctimas de ETA. Los populares rechazaron enmiendas transaccionales de IU y de Mantecón para que el reconocimiento se extendiera a todas las víctimas (también las de la violencia policial, las del yihadismo o las del terrorismo de Estado) y no solo a las del grupo armado vasco.

Al pleno volvió, también, el debate recurrente de la Memoria Histórica. La corporación rechazó una moción de Saro para impulsar el trámite para que una calle de la ciudad lleve el nombre del sindicalista Marcelino Camacho, fundador de Comisiones Obreras. Se opusieron a la propuesta el PP y David González tras un debate sobre el cumplimiento en Santander de la Ley de Memoria Histórica. La capital tiene pendiente de cambiar los nombres de 10 calles designadas con nombres franquistas, según acordó una comisión creada 'ad hoc'. Según indicó la concejal de Cultura, Miriam Díaz, IU debe plantear en ese foro su idea y allí tendrá que competir con las otras cientos que existen para designar las calles.

La corporación aprobó por unanimidad, por otra parte, una propuesta socialista para que el Ayuntamiento de Santander se involucre en los actos que tendrán lugar en Madrid y Gran Canaria alrededor de la figura de Benito Pérez Galdós, uno de los mejores narradores españoles del siglo XIX. En la actualidad, tanto Canarias (donde nació) como Madrid (donde murió) han programado el Bienio Galdosiano, una ola que también podría coger Santander, puesto que Galdós residió y gestó algunas obras en esta ciudad. Todos los grupos estuvieron de acuerdo en aprovechar la ocasión de incentivar el conocimiento de Galdós.