Por esta razón, la justicia portuguesa ha solicitado una comisión rogatoria a las autoridades judiciales de Santander para llevar a cabo la operación, que consistió en el despliegue de agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional para asistir a los policías portugueses desplazados a Santander y evitar que no hubiera interferencia en el trabajo policial. La finalidad de las autoridades portuguesas y españolas es demostrar si los proveedores portugueses han falsificando las guías del producto o no.
Desde las nueve de la mañana, los agentes entraron en las naves acompañados por una jueza de Santander para efectuar los registros y recabar la documentación que necesita el juez instructor de Portugal. Mientras, fuera de las instalaciones decenas de agentes y furgones policiales daban apoyo a los compañeros que llevaban a cabo la misión, con el fin de evitar que ningún documento saliera de allí.
El dispositivo se prolongó durante horas, tiempo en el que la producción de las empresas estuvo parada. «Nos va a salir más caro a nosotros estar sin producir que al portugués que supuestamente está incumpliendo», ha comentado un empleado, que esperaba a que todo acabara para volver al trabajo.
Y es que según fuentes a las que ha tenido acceso este periódico, se han inmovilizado cerca de 2.000 kilos de almeja que el proveedor portugués ha vendido a estas empresas cántabras, pero se sospecha que su origen no es el que acreditan las guías que acompañan al producto.
De todas maneras, la investigación sigue abierta y probablemente en las próximas horas se produzcan otros registros en otros viveros de España relacionados con estos proveedores que están siendo investigados por la Justicia Portuguesa.
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