'Salvar La Magdalena' insta a tres consejerías del Gobierno a actuar contra las escolleras

La Plataforma Salvar la Magdalena ha instado a los representantes políticos de Cantabria que actúen de forma inmediata para paralizar las obras de los espigones y propiciar después un debate sosegado para encontrar una solución sensata. A los integrantes de la plataforma (el Grupo Alceda, ARCA, Ecologistas en Acción y vecinos de Santander) no les vale con que la declaración que hizo el lunes pasado el Parlamento de Cantabria contra los diques se quede en un paso «formal» porque creen que las consejerías de Medio Ambiente, Cultura y Medio Rural del Ejecutivo regional «tienen las competencias y la responsabilidad» de ponerse en marcha para resolverlo.

En su opinión, para paralizar la construcción «no basta con un mero acuerdo parlamentario, salvo que que solo se pretenda el efecto propagandístico de quedar bien ante la opinión pública». Según indicaron, «no queremos que esto se convierta en una cuestión de vencedores y vencidos . Solo queremos salvar nuestro patrimonio colectivo» y que «todas nuestras autoridades y representantes políticos den una información completa y veraz a la ciudadanía».

Esta organización reiteró su dura crítica a la escollera que se está ejecutando en La Magdalena «que destroza una de las imágenes icónicas de la ciudad». La obra es responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente, pero la plataforma hace extensiva su censura al Ayuntamiento de Santander, donde el último jueves de marzo todos los grupos de oposición «rogaron encarecidamente al equipo de gobierno que escuchara a los ciudadanos en lugar de seguir escudándose en unas supuestas encuestas hechas en el pasado que nadie recuerda y en las que no solo no se informaba con claridad sino que se ocultaban las consecuencias reales de lo que se iba a hacer».

Por este motivo, señalaron, «no es de extrañar que ahora que se está ejecutando el proyecto», los santanderinos «se sientan engañados, escandalizados e indignados». Como se recordará, la petición fue rechazada por el equipo de gobierno. Pero también el Parlamento debe ir más allá porque «la bahía no pertenece a la ciudad en exclusiva sino a todos los municipios que bañan sus aguas y a todos los ciudadanos de Cantabria».