Santander concurre al plan de Corporaciones de 2018 pese a no estar resuelto el de 2017

La solicitud se realiza en un momento delicado, ya que el programa correspondiente a 2017 no ha podido concluirse y los 131 parados que iban a ser contratados en la segunda fase no han podido incorporarse debido a que la Dirección General de Trabajo está instruyendo un expediente contra el Ayuntamiento y Santurbán tras una denuncia de CC OO, que considera que no estaban gestionando correctamente este programa y, entre otras cuestiones, no se pagaba a los parados lo que les correspondería.

González Pescador señaló que los tres planes solicitados para 2018 son «de interés general y social». Uno va destinado a mejorar la conciliación y la atención a las personas más vulnerables, otro está vinculado con el medio ambiente y la mejora de los barrios y un tercero a la y formación en las nuevas tecnologías. «En este primer momento hemos presentado una solicitud de máximos pues es también máxima la prioridad del equipo de gobierno que se incorporen el mayor número posible de personas desempleadas», indicó.

La edil recordó que Santander está a la espera de que se resuelvan «todas las incertidumbres jurídicas en torno al programa, incertidumbres que existen no sólo en Santander sino en todos los ayuntamientos de la región, donde las denuncias continuadas por diferentes cuestiones están poniendo en peligro la continuidad del plan».

Según aseguró, en la siguiente fase de gestión «se determinará si es posible acoger al máximo número de desempleados» o si las dudas llevarán a limitarlo. La responsable de las finanzas municipales hizo votos por que el Gobierno de Cantabria «sea sensible a la situación de los parados santanderinos».

Por su parte, Ángela Sobrino, de la Federación de Administración Local de Comisiones Obreras, afirmó que la empresa pública municipal Santurbán «ha reconocido implícitamente» las irregularidades cometidas en la contratación de trabajadores al ofrecer a los reclamantes las diferencias salariales que el sindicato estima que el Ayuntamiento no estaba pagando a los parados contratados.

«Que les hagan ofertas para cerrar el conflicto significa que asumen los errores y que quieren evitar el reconocimiento judicial de los hechos», indicó Sobrino.