Santander reclama tres millones por los daños causados por la anulación del Plan General

La Junta de Gobierno de Local ha tomado esta decisión tras haber consultado antes a los servicios jurídicos municipales. El Consistorio cree que así se compensarán los perjuicios generados por «una causa externa y sobrevenida», ya que el Supremo tumbó el Plan por la anterior anulación del Bitrasvase (una decisión que el mismo Tribunal había dictaminado a finales de 2013).

El Ayuntamiento santanderino se siente maltratado porque la responsabilidad de la anulación del Bitrasvase era algo ajeno al Consistorio, que se llevó por delante el PGOU y los ocho años que duró su redacción, además de provocar la obligación de elaborar desde cero uno nuevo. «Si se hubiese evaluado convenientemente el impacto ambiental, el bitrasvase no se habría anulado. Y de no haberse anulado dicho proyecto de obra, el PGOU tampoco», sostiene el informe de los servicios jurídicos municipales.

En la reclamación de los 3 millones de euros, el Ayuntamiento fija un orden de prioridad entre los que considera responsables. En primer lugar, el Gobierno de Cantabria porque «fue quien actuó como autoridad ambiental en el procedimiento». Además, considera que es la comunidad autónoma «la que ejerce la supervisión en la aprobación de los planes generales». Y apunta un dato: «A lo largo de la tramitación del PGOU de Santander, la Comunidad emitió cuatro informes avalando la garantía del abastecimiento de agua a la ciudad a través del bitrasvase».

En segundo lugar, señalan al Gobierno de la nación «como autoridad sustantiva en el procedimiento de aprobación del bitrasvase y por ser competente sobre los espacios protegidos objeto de evaluación ambiental». Por último, responsabiliza a la Conferencia Hidrográfica del Cantábrico por los «informes previos y vinculantes que emitió certificando la suficiencia de recursos hídricos, sin comunicar posteriormente contingencia ninguna al respecto».

Tras la aprobación este miércoles de esta millonaria reclamación, el Ayuntamiento insta a sus servicios jurídicos a presentar formalmente las reclamaciones ante las tres administraciones. En un comunicado remitido por el Consistorio, se recuerda que los tres fueron advertidos «en julio de cuáles podrían ser los efectos».

La redacción del Plan General de Ordenación urbana fue un proceso que se dilató durante ocho años (hasta su aprobación en 2012) en los que el texto hubo de adaptarse a las diferentes leyes sectoriales aprobados durante ese tiempo. El Plan, informa el Consistorio, «fue objeto de un amplio proceso participativo que incluyó cuatro periodos de exposición pública, en diferentes fases de la tramitación, en las que se recogieron las aportaciones de numerosos colectivos, entidades y ciudadanos».

Con su anulación, todo ese trabajo y el coste que supuso se esfumó «ya que la redacción y tramitación el nuevo Plan -consideran los servicios jurídicos municipales- deberá partir de cero».