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La Ley de Espectáculos aprobada por el Gobierno de Cantabria en el mes de febrero ha generado más de un roce. En primer lugar porque el objetivo regulador que le da nombre, la flexibilización de las condiciones para organizar actuaciones en directo, ha quedado ... en un segundo plano. En segundo, porque el margen de media hora que se da a los locales para desalojar a los clientes y recoger el local, tiempo en el que deben encender las luces y apagar la música sin servir más consumiciones, no es del agrado de los vecinos, que la califican como «vaga», «tolerante» y «permisiva».
En este sentido, las asociaciones vecinales de Santander Pombo-Cañadío-Ensanche, Río de la Pila y Nueva Florida, y el Concejo Abierto de Santander han pedido que en la Ley de Espectáculos del Gobierno se determine el horario de funcionamiento de las terrazas, y que éste sea más reducido que el de los establecimientos hosteleros.
Este aspecto está incluido en las alegaciones que han presentado al borrador del decreto que regulará el régimen general de horarios de establecimientos y espectáculos públicos y actividades recreativas.
Tanto para las terrazas como para los locales solicitan que se determine el horario de apertura exacto y que se cumpla la normativa de ruidos.
El problema principal para los vecinos es que los horarios son «excesivamente alargados» y que sus actividades se extienden a espacios de dominio público, lo que conlleva ruido, consumo de alcohol en la calle de forma ilegal o acumulación de suciedad. «Si está debidamente cerrado no es un problema» ha señalado Ana Gómez, de la asociación vecinal Pombo- Cañadío, una de las zonas que concentra mayor número de locales y terrazas. De hecho, han especificado que, desde la Porticada a Puertochico, y del Paseo Pereda a la Calle del Sol, hay unos 270 establecimientos de hostelería, lo que hace que sea una «zona acústicamente saturada».
«Aquí solamente se tiene en cuenta lo que necesitan los negocios hosteleros», ha opinado Gómez, quien ha afirmado que en Santander no se cumplen ni las ordenanzas ni las leyes regionales, estatales o europeas. Por ello, ha pedido que los locales de la ciudad cumplan con la normativa actual y que se redacten normas más restrictivas.
«Cantidad de veces se dice por parte de las autoridades que somos zona de ocio. Nosotros no somos una zona de ocio. Somos vecinos y tenemos nuestras profesiones y nuestras obligaciones y nuestros derechos», ha subrayado Gómez, y ha lamentado que la situación que denuncian no se limite a momentos excepcionales, sino que se produzca «a lo largo de todo el año».
Tras pedir que no se permita la apertura de más bares en la zona, Ricardo Alea, miembro de la misma agrupación, ha valorado como «una estupidez total» que los bares puedan mantener en sus terrazas todos sus horarios de apertura, lo que desmuestra «una permisibilidad increíble por parte del Ayuntamiento».
«Aquí cada palo tiene que aguantar su vela, y todos son responsables», ha destacado el presidente de la asociación de vecinos del Río de la Pila, Jesús Garay, para quien el Gobierno de Cantabria «tiene tanta culpa o más» que el Ayuntamiento de Santander. Cabe recordar que el Consistorio santanderino aseguró en su momento que el nivel de ruido de esas zonas «no es alarmante».
Garay ha lamentado «la total falta de diálogo» entre ambos y la «prepotencia» que el Ejecutivo demuestra al ponerse en contacto con los hosteleros del municipio, pero no con sus vecinos.
Por su parte, el representante de Concejo Abierto, Jesús Molinero, ha apuntado que el «sector de bares» y locales hosteleros del centro de la capital cántabra podría considerarse «sin ninguna duda» como «una industria», por lo que debería regularse como tal y «como es debido».
Asimismo, ha recordado que «el ruido es un elemento contaminante y pernicioso con la salud humana».
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