A prisión por maltrato animal

La medida tiene lugar tres semanas después de que la Audiencia Provincial ratificase la sentencia que condenaba a Marín, presidenta de la asociación Parque Animal, a tres años y nueve meses de prisión por delitos de falsedad documental y maltrato animal continuado. El juez considera probado que Marín impartía las instrucciones y ejecutaba materialmente los hechos.

La presidenta de la protectora, que predicaba una falsa política de sacrificio cero, inyectaba producto eutanásico en los animales «sin control veterinario alguno ni sedación previa, por vías inadecuadas» (intramuscular en vez de intravenosa) y en dosis más bajas de las recomendadas, algo que provocaba «una dolorosa y prolongada» agonía a los animales. Estos hechos, según el juez, tenían una finalidad «lucrativa, pues de esta manera las instalaciones de la asociación quedaban siempre libres para poder albergar y recibir nuevos animales, cobrando por ello».

La mayor parte de la pena de cárcel, dos años y nueve meses, corresponde al delito de falsedad documental al considerar que los listados de incineraciones enviados al Ayuntamiento de Torremolinos, que pagaba por estos servicios, fueron «manipulados» para incluir la participación de veterinarios «que nunca habían intervenido» en los sacrificios. Según la sentencia, estas «auténticas sesiones de exterminio», como las definió el fiscal, «no atendían a ningún criterio por la edad o el estado de salud de los animales o porque hubiesen transcurrido más de diez días desde que fueran albergados», sino que se realizaban para poder seguir acogiendo animales y cobrando tanto por las recepciones como por las incineraciones.

Se trata de una sentencia histórica en España, aunque la mayor parte de la pena corresponda al delito de falsedad documental. En su sentencia, el juez expuso que «sería deseable» la modificación del Código Penal para incorporar la posibilidad de elevar la pena «en uno o dos grados» cuando el maltrato animal revistiera extrema gravedad, como en este caso. Esta reforma «permitiría dar una respuesta punitiva más proporcionada a casos como el ahora enjuiciado». De forma paralela, existe otro procedimiento abierto en el Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y blanqueo de capitales. La juez que lleva el caso considera acreditado, según los indicios recabados, que Marín y sus dos hijas utilizaron fondos de la protectora para pagar gastos personales.