El Museo de la Inquisición de Santillana del Mar será historia en mes y medio

El comienzo de la demolición del edificio de El Solar, de Santillana del Mar, ya es un hecho, y no porque las máquinas hayan empezado a trabajar, pues la empresa Excavaciones Palomera ya está con el vallado perimetral del inmueble, sino porque la Guardia Civil y la Policía Local se encontraron el interior del edificio que albergaba el Museo de la Inquisición y la vivienda de sus propietarios completamente destruido.

Situado en pleno casco histórico de la villa, el edificio apareció con paredes, techos, vigas y cristales de ventanas formando un amasijo en el suelo del edificio de tres alturas, unos hechos de los que nadie se confesó autor pero que tampoco supondrán ninguna responsabilidad legal llegado este momento.

«Nosotros lo único que hemos hecho es llevarnos todas nuestras cosas», aseguraba David González, que llegó poco después que de las ocho y media de la mañana, hora oficial del comienzo de los trabajos de derribo. «Esto ha sido el fin de un engaño de 25 años», opinaba acalorado el joven, hijo de los responsables del museo, que lamentaba que en la jornada anterior su familia había salido del edificio «con una mano delante y otra detrás», sin tener ningún sitio donde ir, después de haber recibido el viernes la visita de la Policía Judicial con el aviso.

«Esto está mal hecho desde el primer momento y el alcalde, en su momento concejal del área, era el responsable», lamentaba González, apoyado por algunos vecinos del bloque de enfrente, afectados por la misma sentencia, que se hará efectiva en una segunda fase.

Una de las vecinas, Ana María González, se pronunciaba sobre las posibilidades de salvarse de la piqueta que, a su juicio, tiene el inmueble en el que habita, con nueve viviendas y dos bajos comerciales.«El vecino dijo que no se va a conformar con el primer edificio y no creo que ningún juez diga que la sentencia se considera cumplida con solo una parte».

El vecino en cuestión es Antonio Inguanzo, que a pocos metros estaba ayer trabajando en su obrador, «con la conciencia completamente tranquila», mientras recordaba cómo hace 24 años el juez le dio la razón tras haber denunciado. A raíz de ahí, sostiene que avisó a todos los que en un futuro podrían estar afectados. No sólo a los interesados en comprar, sino también al Colegio Oficial de Arquitectos. «Les dije que estaban cometiendo una ilegalidad», recuerda. «Se reían de nosotros prácticamente», añade.

No obstante, el hombre no oculta que le parece «muy triste lo que está pasando» y lamenta «que la Justicia haya sido tan lenta», lo que ha supuesto el enfrentamiento de su familia con todo el vecindario, algo que no puede obviar porque «somos humanos».

El alcalde le ha ofrecido hacerse cargo de todas las costas judiciales que le han supuesto estos años de litigio y presentar unas disculpas públicas, incluso le ha hablado de dejar la Alcaldía si fuera preciso. Sin embargo, nadie le va a quitar su idea de seguir luchando para que se cumpla la legalidad, aunque conlleve la demolición del resto. «La Justicia tiene que seguir su curso».

De momento, la empresa contratada por el Ayuntamiento de Santillana mediante concurso público instaló ayer el vallado para comenzar la demolición, que se iniciará la próxima semana a mano para prevenir daños en los alrededores. Después de un mes, se recurrirá a la maquinaria pesada. Se calcula que los trabajos se extiendan durante un mes y medio, como explicó el responsable de la empresa, José Barrio.

El edificio de El Solar contraviene la Ley de Patrimonio. Con el derribo se dará cumplimiento a la sentencia emitida por el TSJC en noviembre de 1993 y ratificada por el Tribunal Supremo en octubre de 1999.

Además, en 2010 se requirió en una providencia al Ayuntamiento para que en el «improrrogable» plazo de seis meses procediera al derribo. Además, se hablaba de un plazo de 15 días a partir del 29 de octubre de 2009, en el que deberían iniciarse los trámites necesarios para la demolición.

El tribunal pedía al Consistorio que se informara con una periodicidad quincenal de todas las actuaciones realizadas en orden a la completa ejecución del fallo recaído. El Ayuntamiento habilitó hace dos años un crédito por importe de 134.101 euros para iniciar los trámites de licitación para la primera fase de la demolición. Para contratar a la empresa encargada de los trabajos convocó un concurso público al que se presentaron catorce empresas.