Santillana abre una investigación sobre el "desfalco" en los aparcamientos

El Ayuntamiento de Santillana del Mar ha iniciado una investigación para aclarar el "desfalco" de unos 28.000 euros detectado en la gestión de los aparcamientos municipales, e impondrá sanciones a los responsables que van desde 11 días hasta los 6 meses de empleo y sueldo, e incluso el despido.

En rueda de prensa, el alcalde de la villa, Isidoro Rábago (PSOE), ha anunciado que se acaba de nombrar al interventor municipal como instructor del caso, y ha abierto un plazo de 10 días para que los presuntos implicados puedan elaborar sus alegaciones y si lo consideran, una posible recusación.

Cuando concluya el plazo, el instructor tomará declaración a cada uno de los implicados, que podrán estar asistidos por abogados o representantes sindicales y una vez que finalice este proceso se analizará si procede una sanción administrativa que, no descartándose trasladar el asunto a la Fiscalía de Cantabria.

Respecto a cómo se ha producido el desfalco, el alcalde ha explicado que fueron sustraídos de las dependencias municipales un número indeterminado de talonarios con los boletos para el cobro de los estacionamientos, que se guardaban "en un armario que siempre está abierto".

El desfalcó se detectó al finalizar la temporada estival y hacer recuento de los talonarios vendidos, momento en que se comprobó que no coincidían las matrices de los talonarios con las cantidades recaudadas por los aparcamientos.

Pese a todo, el alcalde ha descartado la implicación de la funcionaria municipal encargada de gestionar los talonarios del aparcamiento, insistiendo en que fueron sustraídos por los presuntos autores del desfalco, "pero nunca con la connivencia de esta trabajadora".

Respecto a la presunta implicación en los hechos de un agente de la Policía Local, el alcalde de Santillana ha rechazado hacer comentarios al respecto al destacar que, "de momento todos son presuntos".

Además, Rábago ha confirmado que los 28,000 euros ya han sido devueltos y los posibles autores han reconocido los hechos, destacando que de los 13 trabajadores adscritos a este servicio "sólo 5 están implicados en este desfalco".

El regidor ha reconocido que el asunto ha creado "alarma social creada" entre colectivos sociales y grupos políticos, por lo que ha enfatizado que su actuación tiene por objeto "que no quede la más mínima duda de que ni el ayuntamiento, ni el equipo de gobierno están implicados en este asunto".